Reelección de alcaldes y gobernadores

Reelección de alcaldes y gobernadores


27 de marzo de 2009, 05:00 am

A la descentralización se la están comiendo la politiquería y la corrupción. Hoy es sinónimo de despilfarro, burocratización y clientelismo. A lo anterior debe agregarse, en varios casos, la presencia y la acción, altamente perturbadoras y desestabilizadoras, de los llamados actores ilegales del conflicto y otras organizaciones criminales que decidieron tomarse las administraciones regionales y locales de los territorios donde ejercen su "autoridad", se benefician de sus contratos y ordenan lo que deben hacer o dejar de hacer.

El alarmante y crítico deterioro del proceso descentralizador obedece, básicamente, a que buen número de municipios y departamentos cayeron en manos de roscas o camarillas, verdaderas mafias políticas, que los manejan con el propósito de recuperar, debidamente incrementadas, las inversiones hechas en campañas cada día más costosas; de pagar con nombramientos, contratos, licencias y permisos los favores electorales recibidos; de perpetuarse como grupo en el ejercicio del poder; de imponer el sucesor, porque alcaldes y gobernadores quieren sucederse por interpuesta persona, entre otras razones, para evitar que quien llegue destape las ollas podridas que encuentre; de participar activamente en la elección de congresistas amigos; y, muchas veces, de enriquecerse.

Esos mismos grupos u otros, externos pero no ajenos a la vida regional y local, consideran que presupuestos y patrimonios públicos deben pagar el precio de la corrupción. Por eso los saquean. Las situaciones así resumidas son bien conocidas.
Los organismos de control dicen repetidamente que los mayores focos de corrupción están en el manejo de las regalías, el régimen subsidiado de salud y la contratación con cooperativas. Pero ni ellos, ni el Gobierno, ni los partidos, tradicionales o nuevos, ni el Congreso, hacen lo que deben hacer ni proponen nada para recuperar y salvar la descentralización.

La responsabilidad mayor de lo que ocurre es del Gobierno. El Presidente de la República es suprema autoridad administrativa del país, las cámaras le aprueban las iniciativas en que muestra real interés y gobernadores y alcaldes no gozan de ninguna independencia frente al Ejecutivo nacional, tal como lo muestran los llamados consejos comunales o comunitarios.

El acto legislativo 04 de 2007 lo facultó para ejercer "control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del sistema de participaciones y para asegurar cobertura y calidad" en servicios esenciales (salud, educación, saneamiento básico, acueducto y alcantarillado). A pesar de lo anotado y de que durante su primera campaña Álvaro Uribe ofreció hacer profunda reforma regional y local a través de un referendo, el Gobierno tiene abandonada la descentralización. En vez de mejorarla y de darle nuevos desarrollos, la ha reversado (recortó las transferencias). La puso en manos de flamante consejero presidencial que se acaba de caer por sus relaciones con DMG.

Para rematar, lo único que propone es la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. Si hoy abusan y cometen toda clase de alcaldadas para imponer el sucesor, es fácil imaginar lo que harían para perpetuarse ellos mismos en el poder, sin necesidad de acudir a los testaferros que fácilmente consiguen.

Por eso, su reelección profundiza la crisis de municipios y departamentos y constitucionaliza la politiquería y la corrupción. Con otras palabras, es el clavo que le faltaba al ataúd de la descentralización, que tendrá como uno de sus sepultureros al inefable doctor Valencia Cossio.

jcastro@cable.net.co