A lo largo y ancho del país han venido surgiendo en los últimos meses panfletos que han generado temor entre la población civil. Los reportes van desde las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el Distrito Capital, hasta municipios de Córdoba; desde Norte de Santander hasta el Urabá; desde Medellín hasta el norte del Cesar y Villavicencio. Las amenazas han llegado a tal punto que el presidente Álvaro Uribe se refirió a ellas el pasado fin de semana.

El Primer Mandatario anunció en Tibú (Norte de Santander) recompensas de hasta 10 millones de pesos para quienes informen sobre los promotores de tales documentos. El general Óscar Naranjo, director de la Policía, ha identificado un origen variopinto de estas amenazas: las Farc, para promover paros armados, o una una campaña de intimidación sicológica de las diversas bandas criminales para atemorizar desmovilizados.

La Policía también ha identificado como fuentes de los escritos a organizaciones de vecinos para impulsar fenómenos de limpieza social contra vendedores de drogas, y a la delincuencia común para extorsionar bajo el nombre de las 'Águilas negras'.

Sin importar su origen o intención, el Gobierno necesita reaccionar con la mayor contundencia contra estas amenazas y establecer las relaciones entre unos y otros panfletos. La persecución de prostitutas, jóvenes y expendedores de drogas ha sido en el pasado el abrebocas para la consolidación futura de violentas bandas que se alimentan del terror y la zozobra de los habitantes de regiones apartadas, barriadas populares y zonas de desmovilización.

Dejar crecer este tipo de fenómenos sería la más miope de las decisiones. Las más recientes declaraciones de la Casa de Nariño y de la Policía muestran que estas intimidaciones y amenazas, vía fotocopias, están adquiriendo la relevancia en materia de seguridad que corresponde. Sus distintos orígenes también son indicador de la complejidad del asunto y de que, para combatirlo eficazmente, se requiere asimismo una variada batería de estrategias.

La incertidumbre que estos panfletos generan en las localidades donde son repartidos es un golpe directo a los logros de la política de seguridad del Gobierno. Resta esperar los resultados tanto de las recompensas como de los esfuerzos de inteligencia que permitan reafirmar la confianza perdida entre los habitantes de estas regiones, donde, por cuenta del anónimo y las amenazas, tanto explícitas como veladas, el temor reina y la zozobra cunde.
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