Rosales, alcalde de Maracaibo y candidato a la Presidencia en el 2006, cuando enfrentó al mandatario Hugo Chávez, podría ser condenado a entre tres y diez años de cárcel.

Exactamente cinco meses después de que el presidente Hugo Chávez anunció su intención de "meter preso, por corrupto y por ladrón" al ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, la Fiscalía venezolana solicitó formalmente la privación de libertad del dirigente opositor ante los tribunales de la República.

Ya en diciembre del año pasado la Fiscalía acusó a Rosales por supuesta corrupción a partir de un informe elaborado por la Contraloría General, el cual concluyó que Rosales presentó una declaración de bienes cuyo monto no pudo justificar sobre la base de sus ingresos.

La solicitud de la Fiscalía no implica la detención inmediata de Rosales. Esa decisión la deberá tomar el tribunal asignado en un plazo no mayor a 10 días.

La Fiscalía presume que el ex gobernador zuliano -una de las principales figuras de la oposición venezolana- incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito y, al solicitar su detención, asume que podría fugarse.

Desde el primer momento en que Chávez lo amenazó con la cárcel, Rosales ha denunciado que el proceso que se le sigue es político y tiene la intención única de neutralizarlo como líder opositor.

Destacó que tiene la intención de enfrentar el proceso "en todos los terrenos", aunque aseguró que la actuación de los poderes públicos está supeditada a la voluntad del presidente Chávez, a quien llamó "cobarde y llorón". "Eso no es el Ministerio Público, esa es una orden de Chávez, que la dio desde el año pasado, y ha estado insistiendo en ese tema".

Además del supuesto "incremento patrimonial desproporcionado" -unos 147 millones de bolívares por encima de sus ingresos declarados- que es de lo que le acusa la Fiscalía, en diciembre pasado el parlamento venezolano determinó la responsabilidad política de Rosales por otros supuestos actos de corrupción con el manejo de una flota de vehículos adscritos a la Gobernación del Zulia, contratos irregulares con la lotería del Estado y la supuesta posesión de propiedades en el exterior.

Los abogados del alcalde aseguraron que no tiene sentido privar de libertad a Rosales si este ha dicho y demostrado que no piensa evadir el juicio que se le seguirá. Jurídicamente hablando, explicaron que la Fiscalía no puede solicitar la privación de libertad puesto que sobre la principal prueba que tiene (el informe de la Contraloría) debe ser primero avalada como tal por el Tribunal Supremo de Justicia, cosa que no ha ocurrido.

Rosales leyó un extracto de ese informe, que es del año 2004, en el que la propia Contraloría General propone que sea archivado.

Algunos diputados oficialistas expresaron su confianza de que los tribunales sí aprobarán la privación de libertad al ex gobernador.

CARACAS
VALENTINA LARES MARTIZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO