A una década de la Convención de Ottawa, el Gobierno ha cumplido; pero los grupos ilegales siguen minando los campos.

Han pasado 10 años desde cuando en 1999, 156 naciones, entre ellas Colombia, se comprometieron en Canadá a prohibir el uso, la producción, el almacenamiento y el tráfico de minas antipersona y a asistir integralmente a las víctimas de este flagelo. A ese acuerdo -llamado la Convención de Ottawa- se llegó para ponerle fin al dolor causado por el estallido de tales artefactos, que causan al año 15.000 muertes y mutilan a 300.000 personas en el mundo.

Pocos países, como el nuestro, saben de la estela de sufrimiento de esta plaga de los tiempos modernos. En los últimos 18 años, 7.482 colombianos han sido víctimas de las minas, 1.692 de los cuales murieron; los demás quedaron con discapacidades permanentes. Cada día, dos personas resultan afectadas, lo que nos da el deshonroso primer lugar en el mundo, por encima de Camboya y Afganistán. La dinámica del conflicto en Colombia parece mostrar una agudización del problema de minado: para la guerrilla, este es un medio fundamental para eludir la creciente presión de las Fuerzas Armadas.

A punta de enterrar cargas explosivas, las Farc y el Eln crean cinturones defensivos para territorios y recursos que estos contienen, como cultivos de coca, refugios, corredores estratégicos y hasta la población, que acaba confinada. Las consecuencias están a la vista: en el 2008, las minas de las Farc causaron la muerte de 146 personas y heridas a otras 563.

Hay que decir que Colombia, a la luz de la Convención de Ottawa, ha incrementado sus esfuerzos por contener esta pesadilla. El país cuenta con una política antiminas seria, consistente y con resultados, que depende directamente de la Vicepresidencia de la República, con la ayuda de cooperación internacional. A partir de ella, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no solo destruyeron los equipos para producir estos artefactos y 19.000 minas en sus depósitos, también se eliminaron 14 de los 34 campos minados bajo jurisdicción militar destinados a proteger bases y centros de comunicaciones. La meta es acabarlos por completo antes del 2011.

Además, el Ministerio de Defensa ha limpiado de minas sembradas por las Farc 157.000 metros cuadrados en la región del Guayabero (Guaviare), Antioquia y el sur de Bolívar. No es tarea sencilla: mientras la guerrilla tarda dos minutos sembrando una mina, lo que cuesta menos de 2.600 pesos, los expertos antiexplosivos deben invertir ocho horas de trabajo cuidadoso para retirarla, a un costo de tres millones de pesos cada una.

En términos de vidas, la situación resulta más dramática. Quienes sufren mutilaciones deben someterse a intensos procesos de rehabilitación. Fiel a los compromisos, el país garantiza a estas personas el acceso a tratamientos a través del sistema de salud, que, por afectado, invierte unos 150 millones de pesos. Estos esfuerzos, y que el desminado haga parte de la agenda del Gobierno, empiezan a ser reconocidos por el mundo: Cartagena será la sede de la Segunda Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa en noviembre próximo.

No puede perderse de vista, sin embargo, que para ponerle fin a este drama, que afecta al 50 por ciento de los municipios del país, es necesario que los grupos ilegales asuman el compromiso de no utilizar material bélico no convencional, como las minas antipersona. En esa tarea, el papel de los organismos gubernamentales y no gubernamentales, comprometidos con la protección de los derechos humanos, es fundamental. Son ellos los llamados a cerrar filas en torno a ese precepto y a exigir de la guerrilla su respeto. No de otro modo puede lograrse la labor titánica de desminar los campos. Ya el Gobierno destinó, hasta el 2012, 180.000 millones de pesos para el desminado en sus varios frentes. Pero no basta: se necesitarán más de mil años para desactivar los 167 millones de artefactos que la irracionalidad ha sembrado en los suelos de 78 países; entre ellos, Colombia.

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