Chávez ganó su referendo por múltiples razones. Diez años en el poder, férreo control sobre Justicia y Congreso, millonadas para su campaña por el 'Sí'... Ingenuo creer que se expondría así no más a otra derrota en las urnas.

Pero también ganó por la engañosa redacción de la pregunta, que inducía a los venezolanos a pensar que votar 'No' iba contra sus intereses. No tuvo, pues, que acudir al fraude, pero su triunfo reafirma las inquietudes que suscitan referendos convocados por gobernantes que quieren atornillarse en el poder.

Lo anterior, aunque parezca forzado, a propósito de las críticas del gobierno Uribe la semana pasada a las recomendaciones de la Comisión Latinoamericana sobre Droga y Democracia, y la no descartable posibilidad de que pasado mañana el Presidente nos clave un referendo sobre su insistente propuesta -tres veces negada en el Congreso- de cambiar la Constitución para penalizar la dosis mínima.

No dudo de la convicción sincera que anima al Jefe del Estado, pero la terca realidad lo contradice. En ninguna parte se ha demostrado que criminalizar al usuario reduzca el consumo. Lo que sí se sabe es que fomenta la corrupción policial, llena las cárceles de ciudadanos que no las merecen y fortalece las mafias. Me pregunto si Uribe ha consultado a su consejero Luis Carlos Restrepo, quien escribió un sesudo ensayo contra las políticas prohibicionistas, que tacha de "amenaza para las libertades democráticas" (La fruta prohibida..., 2001).

Sus tesis son las mismas que las de todos los estudiosos del fenómeno a través de los años. Corroboran una realidad cada vez más dramática: 40 años de "guerra contra las drogas" sin fin ni victoria a la vista. En Washington, promotor de esta estrategia, ya nadie osa hablar de éxitos. Difícil hacerlo cuando los drogos 'duros' en el país con las leyes más drásticas cuadruplican a los de Europa, y cuando aquel tiene más presos por delitos de droga que el resto del mundo sumado (cerca de 600.000).

Pero es en América Latina donde el balance es más devastador. Colombia, la que más estragos ha sufrido y más sacrificios ha hecho en esta guerra perdida, lo conoce bien. Miles de vidas perdidas, millones de hectáreas fumigadas, centenares de narcos extraditados y el problema solo cambia de escenario y actores. Por cada capo capturado, aparecen tres para remplazarlo. Por cada 100.000 hectáreas fumigadas, se resiembran otras tantas miles. Se desmantelan los 'Machos', surgen los 'Rastrojos'. Se van 'don Bernas', llegan 'don Marios'...

¿Qué tal lo que reveló este jueves la Junta de Estupefacientes de la ONU? En el 2007 en Colombia se "erradicaron" 220.000 hectáreas, pero los cultivos de coca aumentaron en 27 por ciento. Ya no se necesitan más pruebas de ineficacia y lo que urge es revisar una estrategia que no acaba con el narcotráfico, pero sí fomenta la violencia urbana, el crimen organizado, la corrupción del Estado, la política y la fuerza pública.

Es lo que plantea la Comisión Latinoamericana, liderada por los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, que recomienda tratar el consumo como cuestión de salud pública; reducirlo mediante masivas campañas de información y prevención; replantear la política de erradicación; concentrar la represión sobre las mafias del narcotráfico, el lavado y el tráfico de armas; diferenciar entre las distintas drogas, y evaluar la conveniencia de legalizar la tenencia de marihuana para consumo personal, entre otras muchas recomendaciones.

La legalización en sí no es solución mágica, y la propia Comisión advierte que, si no se acompaña de políticas serias de prevención, puede agravar los fenómenos de adicción. Nadie tiene la fórmula. Lo que se sabe de sobra es cuáles no han funcionado. ¿Por qué insistir en ellas? ¿Por qué no atreverse a buscar alternativas?

No ha sido fácil porque Washington se ha opuesto tenazmente a cualquier cambio. Pero ya hay indicios de que bajo Obama habría otra actitud. En su campaña cuestionó "the war on drugs" y la criminalización de ofensas menores de consumo. Su nuevo zar antidrogas será el actual jefe de policía de Seattle, la capital del estado más liberal en política de narcóticos. Y es probable que en su gobierno el problema de la droga ya no se considere como de seguridad nacional, sino de salud pública.

Con el antecedente del TLC, no sobraría que el presidente Uribe estuviera atento a lo que en este campo pueda hacer nuestro mejor aliado. Para que Colombia no quede otra vez colgada de la brocha. Chupar mucha rueda tiene sus riesgos.