La orden dada a la policía de la capital española de detener una cuota de ellos levantó protestas de asociaciones relacionadas con la inmigración y de los partidos opositores al gobierno socialista.

 El gobierno, por su parte, negó que se trate de una directiva suya.

Un documento interno de la comisaría del barrio de Vallecas en la capital, que se filtró esta semana a la prensa, señala que "en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos". Y sitúa en 35 la cifra semanal. "Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", agrega el comunicado que tiene fecha de noviembre del año pasado.

Álvaro Zuleta, director de la Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica (Aculco), calificó como "incoherente" la medida. "No es la manera adecuada de proceder con la inmigración ilegal en un Estado de derecho", señaló.

Isidro López, abogado del Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados e Inmigrantes en el Estado Español (Comrade) dijo a EL TIEMPO que "se trata de prácticas aceptadas en el comercio, que no caben aquí. A un vendedor se le puede pedir que venda un número determinado de libros al mes, pero en este caso hablamos de seres humanos, no de enciclopedias". 

Por su parte, Zuleta denunció que "el Estado ha favorecido la ilegalidad con su falta de claridad frente a las regularizaciones y con sus actuaciones que poco ayudan a los inmigrantes a conseguir los papeles".

Se refiere a los largos procedimientos que deben seguir los inmigrantes para legalizar su situación en España. "Ahora, por ejemplo, no se aceptan las Apostillas de la Haya electrónicas en algunas delegaciones de gobierno", dice, y agrega: "Hay una serie de pegas que dificultan al inmigrante tener los papeles en regla; al mismo inmigrante que persiguen con cuotas fijas de detenciones".

El gobierno se pronuncia

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aceptó ayer la existencia de la nota. "Alguien no ha hecho las cosas bien, pero no ha sido el ministro, ni el secretario de Estado, ni el director general de la Policía, ni el director operativo", aseguró. "Hemos cortado esa práctica radicalmente", dijo, y aclaró que su prioridad es la detención de los inmigrantes que delinquen, independientemente de que sean ilegales o no. 

El Sindicato Superior de la Policía dijo alegrarse de que el asunto se aclare. "Nos congratulamos de que el gobierno haya rectificado y haya dado nuevas instrucciones para que la policía se dedique a lo que debe ser: la seguridad y el libre ejercicio de los ciudadanos", dijo a este diario Begoña Romero, encargada de comunicaciones. "Las unidades de extranjería son las que deben ocuparse del tema y controlar la inmigración".

Alarma

La alarma, sin embargo, ha corrido entre el colectivo inmigrante, que ahora elude algunas entradas del metro, donde se dice que la policía solicita papeles a las personas cuyo físico delata como extranjeros. Se trata, sobre todo, de barrios con ciertas "circunstancias poblacionales y delincuenciales", en palabras del comunicado, que los pueden convertir en blancos de la Policía.

También se ha expandido el rumor de que las autoridades acuden a los colegios a la hora de salida de los niños para pedir papeles a las madres que van a recogerlos. "No sé si es cierto o no, pero estas historias demuestran el pánico que siente la gente", aclara López, de Comrade. 

En la misma sede de Comrade sufrieron hace poco un hecho que provocó sus quejas. La policía se ubicó frente a la puerta y detuvo a tres inmigrantes sin papeles que acudían a buscar ayuda de la asociación. Los abogados protestaron y los agentes se fueron.

"No han vuelto, pero se llevaron a los tres extranjeros", dice.

Mañana, el abogado López acudirá a un juicio de petición de asilo.  "Recogeré en mi vehículo a los inmigrantes interesados a pie de calle", asegura. "No me quiero arriesgar a que cojan el metro y nunca lleguen a la cita".

JUANITA SAMPER OSPINA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
 MADRID