Si la guerrilla decide unilateralmente liberar secuestrados sin exigir contraprestaciones, como lo hizo la semana pasada, es un hecho positivo, independientemente de los motivos que tengan los líderes de las Farc o los de quienes los motivaron a hacerlo. La liberación de los secuestrados suscita inevitablemente atención y mucha emoción.

El público está pendiente de que se logre y de que las víctimas sean devueltas con vida y en buen estado físico y mental. Es natural, además, que cuando ellas llegan a un sitio seguro la prensa y los demás medios de comunicación estén presentes y que divulguen la noticia con entusiasmo y lujo de detalles, acosando a los recién liberados para que den declaraciones. Y ellos deben estar dispuestos a hablar, después de haber pasado años sin poder comunicar su experiencia y su sufrimiento.

A pesar de que todo lo anterior es natural, al Gobierno no le pareció que era así. Casi hace malograr la liberación a causa de lo que el Ministro de Defensa inexplicablemente calificó como "un error de buena fe" (sobrevuelos de aviones militares). Luego se quiso impedir que la prensa entrevistara a los liberados, supuestamente para que la liberación no se convirtiera en un "espectáculo de medios", lo cual era ineludible. Aparentemente, el Gobierno hubiera preferido que las víctimas no dieran declaraciones cuando llegaran y les diagnosticaron un supuesto 'síndrome de Estocolmo' porque fueron críticos del Presidente y de su política en relación con los secuestrados. Si alguien hubiera planeado todo esto para hacer quedar mal al Gobierno, no lo hubiera podido hacer mejor.

La impresión que quedó del episodio es que aquel le da más valor a quedar bien en términos políticos o a no ceder frente a los ciudadanos que intermediaron en la liberación, que a la vida o la libertad de los liberados. Le otorgó más peso a evitar que Piedad Córdoba se beneficiara políticamente, lo cual era inevitable, que a demostrar un democrático respeto por la libertad de prensa, y, con las víctimas, un ápice de caridad (cristiana, como correspondería en este caso).

Al mismo tiempo se ha emprendido una campaña pública en contra de intelectuales, artistas y gente pensante que ha sido tradicionalmente de izquierda, a quienes están tratando de ponerles el rótulo de colaboradores implícitos de la guerrilla y asistentes del terrorismo. Esto tampoco es muy democrático y pone en alerta a todos los liberales, quienes son muy susceptibles a intentos por parte de las autoridades de reprimir las opiniones o actos legítimos y legales de oposición a los gobiernos.

Macartizar a la gente por lo que piensa ha tenido en este país consecuencias trágicas y no ha sido un comportamiento ampliamente aceptado en la sociedad. En términos prácticos, tampoco parece razonable la posición un tanto extrema e intolerante del Gobierno frente a los llamados Colombianos por La Paz. Haber liberado a los secuestrados políticos que mantenían las Farc en cautiverio y a algunos miembros de la fuerza pública es algo verdaderamente positivo. Se trata, por ahora, de un hecho aislado y hasta cierto punto inexplicable de la guerrilla, pero puede ser precursor de otras liberaciones.

Es probable que las Farc deseen utilizar este acto para iniciar un diálogo, lo que produce mucha desconfianza, porque en el pasado no participaron de buena fe en las negociaciones y las usaron como herramientas tácticas para avanzar en la guerra y no hacia la paz. Para cambiar esta percepción, la guerrilla tendría que cambiar radicalmente en su proceder. Los Colombianos por la Paz creen firmemente que eso principia a suceder y que no debería extrañarnos si más adelante las Farc ofrecen, por ejemplo, suspender el secuestro como cuota inicial de un proceso hacia la paz. Es probable que estén equivocados, pero, si no lo están, tendríamos que revisar nuestras actitudes y la parte de la política de seguridad democrática que no contempla negociar.