Notas del periódico EL TIEMPO sobre lo que acontenció el año pasado con esta región del Meta.

Inicio de la controversia

A empresarios darán tierra que era para desplazados

Varias camionetas cuatro por cuatro rompieron, hace un mes, la tranquilidad de Puerto Gaitán (Meta) y dejaron angustiadas a más de 80 familias de desplazados.

En ellas, representantes de cuatro empresas del sector palmicultor e inversionista -Palmera Santana, Palmasol, Sapuga y Esfinanzas- llegaron a  inspeccionar un terreno de 17.000 hectáreas, con pista de aterrizaje, aljibes para provisión de agua, decenas de casas, luz, vías internas y potreros con molinos de viento, que en el 2004 el gobierno Uribe prometió destinar a su programa de reasentamiento de desplazados por la violencia.

A pesar de que existe un acuerdo (el 005 de septiembre del 2004) en el que quedó establecido que el inmueble sería entregado a familias víctimas de la violencia paramilitar y guerrillera, algunos de esos empresarios volvieron a Bogotá haciendo planes y cuentas para sembrar allí palma, caucho y madera, e incluso para proponerle al Gobierno que les venda el terreno, conocido como
Carimagua.

Es más, hay empresas de Malasia interesadas en el negocio.

El sorpresivo cambio de inquilinos del magnífico predio se debe a que, hace siete meses el Incoder decidió entregarlo a privados por 50 años.

De nada sirvió que ese mismo instituto firmara un contrato con la Fundación de Estudios Económicos Políticos y Sociales (Fundes) para desarrollar en Carimagua  el programa de reubicación de desplazados, campesinos y desmovilizados.

Tampoco sirvió que la Gobernación del Meta -cuyo departamento es uno de los más afectados por el desplazamiento, según cifras del propio Gobierno-
realizara un estudio y una preselección de familias para que les fuera entregado el terreno.

Movimiento relámpago

El 6 de julio del 2007, el Incoder firmó un acuerdo para cambiarle la destinación al inmueble y cuatro días más tarde, se expidió la respectiva resolución que, además, le permitió echar a andar una licitación para ceder la tierra hasta el 2058.

El proceso de adjudicación se inició en diciembre, se cierra mañana y se adjudica el 21 de febrero próximo.
 
Ese trámite relámpago de cambio de destinación y de adjudicación contrasta con el de la frustrada entrega a las familias de desplazados, el cual se demoró más tres años sin que diera frutos.

La laxitud del trámite es tan evidente, que un mes antes de que el Incoder decidiera cambiarle la destinación al predio, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) -que cedió  Carimagua  gratuitamente en el 2004- manifestó su extrañeza por el hecho de que, pasados tres años, el Incoder ni siquiera hubiera enviado a un funcionario para tomar posesión del bien.

En la misma comunicación Corpoica advierte el riesgo de que un grupo de desplazados se tome el predio, debido, precisamente, al descuido del Incoder.

Efectivamente, poco después de esa carta,  Carimagua  fue ocupado por varias familias que ahora tendrán que ser expulsadas para darles paso a los privados.

Incluso, en su momento, el Incoder le solicito al alcalde de Puerto Gaitán que tomara las medidas policivas del caso para sacar a los invasores a quienes califica de "personas no determinadas".

¿Puede el Incoder cambiar la destinación de un predio cedido única y específicamente para el programa de reforma agraria para desplazados?

¿Puede un grupo de privados entrar a ocupar  Carimagua  a pesar de que la Constitución es clara al otorgarle un trato preferencial a los desplazados víctimas de la violencia, debido a su circunstancia de debilidad, vulnerabilidad e indefensión?

La tesis de Minagricultura

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, asegura que sí, pues la tesis de su cartera y la del Incoder es que ese predio no tiene  infraestructura para recibir a un grupo de desplazados.
En cambio -dice Árias- en manos de los privados,  Carimagua  generará jugosos dividendos que luego serán reinvertidos en otras tierras para desplazados (ver 'Sacarle más recursos al predio genera más recursos...').

La polémica sobre este predio se produce en momentos en que la Corte Constitucional le volvió a recordar al gobierno Uribe que si bien ha mejorado en su política para los desplazados, sigue incumpliendo en temas tan neurálgicos como el de la entrega de tierras.

Fecha de Publicación: 10/02/2008

Autor: : UNIDAD INVESTIGATIVA EL TIEMPO

Arias responde por caso Carimagua

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, se disponía a enfrentar anoche un fuerte debate de la oposición por el escándalo que suscitó la decisión de su despacho de cambiarle la destinación de un extenso predio, que inicialmente era para desplazados, pero que terminó ofreciendo a inversionistas privados.

Con una fuerte presión de la oposición, que tenía la firme intención de pedir su renuncia, Arias llegó a la plenaria del Senado a poner la cara por el caso  Carimagua  , un predio de 17 mil hectáreas que iba a ser entregado a 700 familias víctimas del desplazamiento forzado.

El caso, denunciado por EL TIEMPO, terminó con tres proposiciones en el Congreso citando a Arias a responder por este hecho.

Le pidieron explicaciones los partidos Liberal y el Polo, mientras que el Conservador saldría en su defensa.

Previo al debate de anoche, el Ministro fue cuestionado por esta decisión.

El senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, fue el más duro.

El dirigente de izquierda catalogó de 'monstruoso' el hecho de que se haya decidido quitarles esos terrenos a unos desplazados para dárselos a empresarios particulares.

Robledo dijo que la licitación inicial que había dispuesto el Gobierno, señalaba como requisito para participar tener un patrimonio neto de 15 mil millones de pesos y unos ingresos agrarios de los últimos 7 años por 50.000 millones de pesos.

"Ni siquiera un senador con un sueldo de 20 millones mensuales podría aspirar a esa tierra. Se gastaría 226 años para poder participar en la licitación. Eso no tiene presentación", dijo Robledo.

Los liberales no se quedaron atrás. Catalogaron la decisión del Ministro de una situación grave y anunciaron que no están satisfechos con las respuestas que hasta ahora ha dado del Ministro.

Arias también sacó su artillería, para defenderse. Dijo que su primera aclaración era que la Procuraduría nunca ha hecho ninguna solicitud relativa a la legalidad o ilegalidad del cambio de destinación del predio.

Luego, señaló que la Procuraduría nunca ha solicitado al Ministerio de Agricultura revocar decisión alguna respecto del tema  Carimagua  .

También señaló que dentro de los terrenos de propiedad del Incoder no se encuentra ninguna reserva forestal declarada.

En torno a las denuncias de que el arrendamiento del predio a unos  industriales del sector agropecuario sería un mal negocio para el Gobierno, Arias respondió que "en el caso de  Carimagua  lo que se planteó fue una cesión de derechos de explotación y no un arrendamiento".

Al cierre de esta edición, el debate apenas comenzaba en el Senado.

Autor: EL TIEMPO

Fecha de Publicacion: 12/03/2008

Maya ya pidió reversar entrega de Carimagua

Desde ayer, a las 6:30 p.m., el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, tiene sobre su escritorio la solicitud formal de la Procuraduría General de que reverse de inmediato la decisión de cederles a privados el predio Carimagua, 17 mil hectáreas ubicadas en Puerto Gaitán (Meta), y destinadas inicialmente a desplazados.

La solicitud de revocatoria directa del acto administrativo fue ordenada por el propio procurador General, Edgardo Maya, quien decidió no esperar a la reunión que su delegada de Medio Ambiente, Claudia Serrano, tenía hoy con el Ministerio de Agricultura y el Incoder, para discutir el caso.

En criterio del Procurador, los argumentos jurídicos que tiene son
contundentes para pedir que el predio quede en manos de 800 familias desplazadas y no de privados.

Así se lo hizo saber al presidente Uribe, hacia el mediodía, en una corta llamada en la que el primer mandatario le expuso las razones que llevaron al Gobierno a cambiar la destinación del bien (ver 'Uribe respalda cesión...').

La decisión del procurador Maya se conoce un día después de que EL TIEMPO reveló que  Carimagua  será entregada en 9 días y por 50 años a empresarios para la siembra de caucho, madera o palma a cambio de una retribución económica para el Estado que, según explicó el ministro Arias, será reinvertida en las víctimas del conflicto.

Según Arias, esa tierras requieren de una gran inversión pues son muy ácidas para ser cultivadas: "No les vamos a entregar tierras malas a los desplazados".

¿Documento extraviado?

EL TIEMPO tuvo acceso al informe que la Fundación Nacional para Estudios Políticos, Económicos y Sociales (Fundes) le hizo al Incoder sobre el desarrollo de proyectos productivos en  Carimagua  , con familias desplazadas, cuya parte final fue entregada al Incoder durante el primer trimestre del 2007.

Este documento cobra relevancia pues, según la Procuraduría, su existencia le fue negada el pasado 7 de febrero.

Así consta en un acta firmada por el procurador judicial Jorge Martínez, que lo andaba buscando en el Incoder.

Las revelaciones del informe

Según el documento,  Carimagua  fue seleccionado para proyectos con desplazados "considerando la infraestructura básica con la que cuenta: vías internas en buen estado, puesto de salud, equipo básico de maquinaria, el bajo costo de la tierra, la baja densidad de población y por estar incluida en una de las 14 áreas de desarrollo rural seleccionadas por el Gobierno, comprendida en el eje Puerto Gaitán- Carimagua ".

Incluso, según el informe de Fundes, para este proyecto el gobierno Uribe contaba con la vinculación de instituciones como el Fondo Financiero Agropecuario (Finagro), el Banco Agrario, el Ministerio del Interior con Asuntos Indígenas, el Invías, Cormacarena, la Gobernación del Meta, el Sena, el Ministerio de la Protección, la Bolsa Nacional Agropecuaria, ONG, universidades y Corpoica, entre otras.

La idea -según el documento- era la de establecer proyectos agroforestales (de palma, madera y caucho), de ganadería y de pancoger para el consumo de las familias.

"Se pensaba en siembras de arroz, maíz y soya", dijo uno de los
investigadores. Y para que fuera viable, se pretendía organizar a los campesinos en asociaciones para una mejor explotación, administración y gestión del proyecto.

¿Por qué no se siguió adelante con el plan?

Según el Gobierno, la respuesta está en los costos (ver 'El Procurador fue receptivo').

Ayer, al final del día, el Ministro de Agricultura visitó al procurador
Maya en su despacho para hablar del tema, tal como se lo solicitó el presidente Uribe.

Tras la conversación, Arias le dijo a Maya que contestará la solicitud de revocatoria en los próximos días y Maya, que seguirá
adelante con la acción de tutela.

Se intentó consultar el caso con el director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, entidad que tiene a su cargo programas para los desplazados, pero este se abstuvo de entregar declaraciones.

Por ahora, el Polo citará al Ministro de Agricultura al Senado para un debate de control político sobre el tema.

La senadora liberal, Cecilia López, también se manifestó en contra de la decisión de ese Ministerio.

''Estamos ante un hecho grave. Están incurriendo en claras violaciones a la ley. Si el Ministerio no revoca la decisión, hoy presentaremos una tutela para que se suspenda de inmediato la adjudicación".

Dijo el procurador Maya a La W Radio.

''Estaremos atentos a contestar la acción de tutela. Estas tierras no permiten la generación de ingresos para dar sustento a tantas familias desplazadas. Si nos derrotan la tesis que sea en franca lid".

Dijo el ministro Andrés Felipe Arias.

Fecha de Publicacion: 12/02/2008

Autor: UNIDAD INVESTIGATIVA

La desición final del Gobierno

Desplazados se quedan en Carimagua

En las 17 mil hectáreas del predio Carimagua, ubicado en Puerto Gaitán (Meta), sí se puede desarrollar un proyecto agroindustrial entre pequeños productores, desplazados y privados.

 Así lo acaba de concluir la llamada comisión de expertos que designó el propio Gobierno, luego de la polémica nacional que se desató cuando EL TIEMPO reveló (hace tres meses) que el Incoder y el Ministerio de Agricultura pretendían cederle el predio, por 50 años, a privados, a pesar de que su entrega le había sido prometida a decenas de familias desplazadas por la violencia.

Según los expertos, el Gobierno nacional debe darles un acompañamiento a las familias desplazadas, no solo para generar su seguridad alimentaria, sino, además, para que ellas hagan parte de la cadena agroindustrial de cultivos permanentes y de producción ganadera, porcina y aviar.

"El modelo propuesto busca que se garantice el equilibrio entre campesinos organizados y agroempresarios, para que ambos puedan participar en el desarrollo del proyecto y en el reparto de los beneficios", dice el informe de los expertos.

La comisión recomendó, además, que parte de  Carimagua  se debe dedicar a la investigación, la producción y conformación de un polo de desarrollo.

"La idea central es que en  Carimagua  debe enseñarse en concreto, en el terreno, cómo se hace el desarrollo con cultivos promisorios", dice el informe.

La Procuraduría General, organismo que ya había demandado la resolución del Incoder que le cambió el uso a  Carimagua  , anunció que realizará un seguimiento de este proyecto.

Aunque inicialmente se dijo que  Carimagua  era una tierra ácida improductiva, el Gobierno manifestó que se desarrollará siembra de cultivos permanentes como caucho, palma de aceite, forestales, frutales, pastos y ganadería.

La lista también incluye frutales como el marañón, los cítricos y el mango; cereales, soya, maíz y arroz.

500 familias beneficiadas

Por su parte, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, acogió el informe y dijo que con esta fórmula intermedia se verán beneficiadas al menos 500 familias de campesinas y desplazadas.

"Se abrirá una licitación y ganará el proyecto que mayor número de familias beneficia", explicó el jefe de la cartera de Agricultura.
No obstante, advirtió que la propiedad de la tierra seguirá en cabeza del Estado para evitar que, como ya ha ocurrido en otros casos, terceros se queden con las parcelas asignadas.

El informe de la comisión también incluyó propuestas relacionadas con el desarrollo integral de la Orinoquia.

Al respecto, indicó que es necesario formular un plan de desarrollo para la zona de la Orinoquia, para definir el derrotero de acción y desarrollo rural de la región, para lo cual la investigación agrícola deber ser prioritaria.

Este, anunció Arias, quedará consignado en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

''Una asociación de familias desplazadas podrá usufructuar por 50 años el manejo de  Carimagua , con la presencia de capital privado nacional o extranjero. Abriremos una nueva licitación para elegir los proyectos productivos". Explicó el ministro de Agricultura Andrés Felipe Árias.

Fecha de Publicación: 16/05/2008

Autor: EL TIEMPO.