Un juez concedió una acción popular a la Federación, que, amparada en una ley, le reclama al Distrito que le consigne el 10 por ciento de todas las multas pagadas por los conductores en la capital.

Los 41 mil millones de pesos corresponden al recaudo de comparendos de tránsito entre el 2002 y el 2008.

En su fallo de primera instancia a una acción popular, el juez Claret Antonio Perea Figueroa le dio un plazo de 15 días hábiles al Distrito (vencen el próximo 6 de febrero) para que consigne esos recursos.

Sin embargo, la Alcaldía Mayor anunció que apelará esa decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La Secretaría de Hacienda solo le gira el 10 por ciento de los comparendos vencidos que logra cobrar la Federación gracias al Sistema Integrado de Información sobre Multas de Tránsito (Simit), una gran base de datos en la que aparecen reportados los conductores morosos.

Esta 'pelea' está en manos de los jueces hace siete años, cuando se expidió el Código Nacional de Tránsito. La norma creó el Simit, que cuenta con 440 oficinas de recaudo en el país, y que está en cabeza de la Federación.

Con la interpretación que la Alcaldía le da al Código, el Distrito le ha pagado a la Federación más de 2 mil millones de pesos entre los años 2002 y 2008. Pero los cálculos de la Federación indican que en ese período tiempo debieron recibir 41 mil millones de pesos.

En medio de este litigio hay un problema de fondo, porque si bien es cierto que el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 del 2002) autorizó el giro del 10 por ciento al Simit, no especificó el tipo de multa sobre la cual debía hacerse el cálculo.

Sin embargo, el presidente de la Federación, Gilberto Toro, cita un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el 5 de agosto del 2004, en el que se señaló que el 10 por ciento se debe calcular sobre las multas en general.

Hoy, Bogotá es la única ciudad que tiene esta puja legal con la Federación. Los restantes 230 municipios adscritos al Simit giran el 10 por ciento de todas sus multas.

"Nos parece que el mejor indicador de que es una posición caprichosa por parte de Bogotá -dice Toro- es que todos los organismos de tránsito en el país están cumpliendo la ley.
Además, la Corte, los jueces, la Contraloría y el Ministerio de Hacienda han planteado que esa ley hay que cumplirla".

Por su parte, el secretario de Hacienda, Juan Ricardo Ortega, señala que comparte la existencia del Simit, pero no las pretensiones de la Federación y califica de "oportunista" y "lesivo para las finanzas de Bogotá" el fallo del juez.

"Con la acción popular pretenden que les paguemos con intereses casi 81 mil millones de pesos, eso es desproporcionado. Además, lo del Consejo de Estado es solo un pronunciamiento, y no obliga al Distrito, porque evidentemente le falta profundidad jurídica al tema", dijo Ortega.

Agregó, por ejemplo, que los 61 mil millones de pesos que Bogotá recaudó el año pasado por multas pagadas puntualmente por los conductores "es producto de la cultura tributaria de la ciudad, y no gracias a la gestión del Simit, que ayuda a recaudar la cartera morosa".

"Pensar que el Simit le tenga que costar a Bogotá más de 8 mil millones de pesos al año en promedio, en comparación con los 7 mil millones que nos ayuda a recaudar, es un absurdo", afirmó Ortega.

Según Toro, "si el Distrito hubiese cumplido con lo que dice la norma, hubiéramos tenido recursos para modernizar todos los organismos de tránsito", pues señaló que, amparados en la ley, con el dinero que perciben han aportado millonarios recursos para "dotación, capacitación, educación vial y apoyo financiero" a esas entidades.

Esta polémica se conoce justo cuando centenares de conductores se han quejado porque pagan puntualmente sus comparendos y aún así aparecen reportados como morosos ante el Simit.

Y además cuando se alista para entrar en operación el Registro Único Nacional de Tránsito, del Ministerio de Transporte, que absorberá la base de datos del Simit en el primer semestre de este año.

El Simit, durante el 2008, tuvo ingresos cercanos a los 11 mil millones de pesos y, según fuentes de la Federación, toda la plata se invirtió, sin generar excedentes.

YESID LANCHEROS
REDACTOR DE EL TIEMPO
yeslan@eltiempo.com.co