El anuncio del alcalde Eduardo Alvarado Santander, sobre el control que ejercerá en los próximos días la Policía, generó la reacción de los mototaxistas que amenazaron con protestas.

La decisión fue revelada luego de que un grupo de mototaxistas bloqueó  la avenida Maridíaz y obligó  al vehículo oficial en el que se movilizaba el mandatario a detener su marcha, lo que llevó a la intervención de los organismo de seguridad y la reacción de sus guardaespaldas.  

El alcalde Alvarado Santander no quiso referirse a este episodio, pero expresó que es una realidad de que tanto en Pasto como en otras capitales de Colombia no hay fuentes de trabajo, "pero no porque falte empleo podemos hacer lo que nos de la gana y más aún aquello que está prohibido".

El funcionario recordó  que está prohibido el transporte público en vehículos particulares y anunció  que en los próximos días se protocolizará el convenio entre el municipio y la Policía para reforzar el control y seguridad en el  tránsito urbano  tal como ocurre en Bogotá.

Explicó  que una parte del tránsito urbano en Pasto será manejado por la Policía de Carreteras y el  Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Municipal.

El concejal Mario Benavides dijo que el problema del mototaxismo en la capital de Nariño es crítico porque se registra una disputa diaria en las calles entre taxistas, conductores de buses y mototaxistas.

La semana pasada en la Terminal de Transportes se presentó un enfrentamiento que obligó a la intervención de la Policía. Para el integrante de la corporación pública "de no entrar a tomar cartas en el asunto por parte de las autoridades, vamos a tener alteraciones del orden público muy complicadas en nuestra ciudad".

Pero el concejal Nicolás Toro no está de acuerdo con el convenio, pues considera que Pasto registra altos niveles de delincuencia y de violencia, y "si tenemos pocos agentes en las calles entonces ¿cómo se va a ejercer control sobre la seguridad ciudadana?, eso es totalmente absurdo, lo que necesitamos aquí es más policías controlando la inseguridad que el tránsito".

Lucía Socorro Basante, directora del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes del Municipio, dijo que "nos corresponde ejercer la autoridad y en cumplimiento a unas obligaciones constitucionales y legales debemos preservar la prestación de un servicio público debidamente habilitado y no vamos a permitir la prestación de un servicio público que se presta de manera ilegal".

Los mototaxistas rechazaron las medidas municipales y las calificaron como arbitrarias, al tiempo que indicaron que el derecho al trabajo nadie se los puede impedir ya que son alrededor de 10.000 las familias que derivan su sustento de esta actividad en la ciudad.