Muy preocupante resulta que, después de seis meses en el cargo, el canciller Jaime Bermúdez haya anunciado un "replanteamiento total y sin complejos de la política exterior colombiana". Es preocupante, primero, porque el funcionario ha gastado demasiado tiempo para concluir que se necesita crear una "misión consultiva de política internacional integrada por expertos nacionales e internacionales, y de organizaciones no gubernamentales". Y, segundo, también porque la fórmula de crear una misión, lejos de garantizar un replanteamiento de la política, en realidad revela un mal diagnóstico de lo que sucede con el manejo de la Cancillería y la política exterior del país.

El problema en estos seis años de gobierno no ha sido la falta de enunciados de política o de ideas sobre qué hacer en materia de política exterior. Ya es cuantioso el número de publicaciones de la Cancillería en las que se encuentran formulaciones de política que, si bien pueden ser discutibles, también dejan ver que hay funcionarios competentes, que conocen el mundo en que se mueven y, sobre todo, que plantean alternativas para mejorar la imagen del país.

Pero, paradójicamente, esas publicaciones también muestran la otra cara de la medalla. En cada uno de ellos se trata de explicar o dar coherencia a decisiones que, a todas luces se ve, no se han tomado en la Cancillería y, por supuesto, por funcionarios que no tienen la más mínima idea de lo que significa el manejo de la política exterior de un país. Y allí está el verdadero problema: en los seis años de gobierno, la política exterior colombiana salió de la Cancillería, para ser asumida completamente desde la Casa de Nariño. Las decisiones de política salieron de la esfera del Canciller, para quedar en manos de los "estrategas de Palacio"; los nombramientos de los altos cargos quedaron a disposición del "computador de Palacio"; y el manejo de las contingencias terminó tratado en los consejos comunales de gobierno.

El principal resultado ha sido el desmantelamiento institucional de la política exterior y su principal instancia institucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya no se trata del uso brutal del servicio exterior como fuente de politiquería y clientelismo. Ni siquiera del fracaso que significó el cierre de embajadas y consulados para reducir lo que Uribe llamaba los gastos de lujo. Esa decisión presidencial sí redujo el servicio exterior, pero dejó desprotegidos los intereses colombianos en países y mercados claves, y abandonados a muchos compatriotas en el exterior.

Crear una misión de expertos no sólo significa institucionalizar la desconfianza del Canciller en sus funcionarios. También implica someter al país a una especie de interinidad en política exterior, pues hay que esperar que se produzcan las recomendaciones de los expertos para institucionalizarlas. Y a este tipo de recomendaciones no se llega de la noche a la mañana. La interinidad puede ser larga. Y mucho más ante una coyuntura tan difícil como la que urgentemente debe afrontar Colombia en el 2009 y el 2010.

No se trata de una defensa a ultranza de la Cancillería y de sus funcionarios. También hay algunos incompetentes (o mal utilizados). Y hay problemas internos y muy serios. Pero pueden ser resueltos con una muy buena gestión institucional.

Por eso, la salida no está en crear comisiones con expertos; ni en coordinar planes de acción con comunidades de colombianos que viven en Estados Unidos para presionar la aprobación del TLC con Colombia. Ni mucho menos en reunirse con los colombianos, "muy al estilo de un consejo comunal, para escuchar las peticiones de más de 300 personas", como lo hizo en Londres. Así no se logra ningún replanteamiento total y sin complejos de la política exterior, ni se mejora la imagen del país.

El desafío del Canciller está en recuperar el control de la política exterior y reconocer que adentro tiene la gente capacitada para obtener los resultados, y de allí sí hacer el replanteamiento total. Debería intentarlo.