Al menos 2 mil miembros del Ejército invirtieron recursos en esos negocios, de acuerdo con una investigación interna adelantada por las Fuerzas Militares.

Altas fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que un grupo de hombres de la Central de Inteligencia Militar del Ejército 'reclutó' a varios de sus compañeros para hacer aportes a la firma Inversiones H y R de Zipaquirá, que ofrecía el 100 por ciento de interés sobre el recaudo inicial.

El monto de la plata que invirtieron no está determinada, pero se sabe de oficiales que retiraron cesantías y que hipotecaron propiedades para invertir en esa pirámide, que quebró hace dos meses y que dejó al menos un millar de personas estafadas en la Sabana de Bogotá.

Uno de los oficiales que perdieron señaló que uno de sus superiores, a comienzos de este año, les planteó a él y a otros oficiales el negocio. "Como él ya había recibido ganancia, pues nos convenció y decidimos invertir. Muchos quedaron en la calle", aseguró el militar, que ha recibido varias distinciones en el arma de Inteligencia. En el grupo de afectados aparecen varios de los nombres de los que trajeron de vuelta a la libertad a la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt y a otros 14 de los secuestrados por las Farc.

La noticia de la quiebra de H y R cayó como una bomba en varios batallones de la zona, porque se tiene noticia de más militares que llevaron allí su plata. En ese momento, algunos intentaron recuperar su inversión, pero se encontraron con la misma respuesta que el resto de incautos inversionistas: no había quién respondiera.

Este diario consultó altas fuentes del Ejército que confirmaron la información y señalaron que por orden presidencial llevan tres semanas recaudando la lista de miembros de la institución que metieron plata en pirámides.

"Es un reporte muy largo que ha estado llegando de las divisiones, brigadas y batallones -confirmó un alto oficial de las Fuerzas Militares-. El número de los que ya admitieron puede pasar de 2 mil".

Los casos se repitieron por todo el país y se está determinando la responsabilidad de los mandos que promovieron las inversiones. Un soldado de la Fuerza de Tarea Omega le dijo a este diario que un cabo de la Brigada 12 (del Caquetá) le propuso meter plata, en compañía con otros uniformados, a DMG.

"Un compañero de otro batallón dijo que si nos reuníamos por lo menos 10 ó 12, con esa inversión nos pagaban el 200 por ciento de interés por el primer aporte. Sé que él ya había llevado a varios grupos de ese batallón", señaló el soldado. La idea era que autorizaran a una persona para que cobrara el sueldo de los que se iban a operaciones durante varios meses.

El gancho del suboficial era que el 'negocio', según él, estaba avalado por el comando de la unidad. Por eso, el Ejército indaga si algunos oficiales de alto rango tuvieron algún tipo de conocimiento o participación en esas actividades.

En la Fuerza Aérea también hay una investigación interna, ya que varios oficiales habrían invertido en el sistema Forex. Ellos también perdieron la plata.

20 policías han sido retirados de la institución por irregularidades en los operativos de incautación de dinero contra pirámides en Putumayo, Nariño y Huila.

Navarro, en huelga de hambre; Putumayo sigue tenso

El gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, se declaró desde ayer en una huelga de hambre de 48 horas. Según dijo, busca sensibilizar al Gobierno frente a la profunda crisis social y económica que afronta su departamento por la caída de las pirámides. Está despachando desde una carpa que montó frente a la Gobernación.

Desbloquean la vía en Mocoa. Lo que no habían podido hacer las autoridades durante cerca de quince días de paro en Putumayo lo logró el domingo un grupo de campesinos, comerciantes y transportadores enfurecidos: desbloquear la vía Pitalito-Mocoa.
La turba usó machetes, palos y piedras para abrir la vía que blo- quearon los que apoyan a DMG.

En Córdoba, la Superfinaciera cerró la oficina de DMG. Hallaron tres cajas fuertes. En Barranquilla, se confirmó que en el único mes que operó DMG logró reunir 1.426 millones de pesos. El responsable de la oficina, Ricardo Adolfo Carbonell Jimeno, dijo que una semana atrás había hecho transferencias a la sede principal en Bogotá por mil millones.

REDACCIÓN JUSTICIA