Ante la avalancha de reclamaciones de afectados por el derrumbe de las pirámides y el cierre de DMG, Guillermo Alberto González se reunió con el superintendendente de Sociedades, Hernado Ruiz López.

El Gobernador le solicitó que amplíe  en una semana el plazo para la recepción de reclamaciones y estudie la posibilidad de abrir más puntos para recibir los documentos a quienes depositaron su dinero en esas captadoras ilegales.

El mandatario regional, quien el martes pasado les pidió a los afectados en ese departamento que no vayan a recurrir a la violencia, dijo que las oficinas de Servientrega en el Cauca no dan abasto para atender a los miles de afectados, especialmente en Popayán, donde ya han ocurrido protestas callejeras.

El último de esos brotes ocurrió el jueves pasado, cuando un grupo de manifestantes quemó llantas en el centro de la ciudad y obligó a la movilización de la Fuerza Pública.

Ayer, González Mosquera le propuso al superintendente de sociedades conformar un grupo interinstitucional, entre la Gobernación y esa entidad, para abrir en Popayán otros tres puntos para recibir los reclamos de las víctimas de la caída de Drfe y la intervención de supuesta comercializadora DMG.

En Popayán, los clientes de Drfe son tantos que hace unos meses esa empresa ilegal tuvo que alquilar el estadio de la ciudad para poder atender a miles de personas que llegaron con sus ahorros, atraídas por los intereses hasta del 300 por ciento que ofrecía la captadora.

En un comunicado de prensa, el gobernador González Mosquera hizo énfasis en la grave situación que enfrenta ese departamento del sur del país, pues, además de la crisis generada por las pirámides, existe, desde la semana pasada, una compleja situación causada por el deshielo del Nevado del Huila, que provocó avalanchas en la zona de Paez, en el occidente de ese departamento, y que dejó seis muertos, seis desaparecidos y miles de damnificados.