Hay 3.000 audiencias suspendidas por el paro y atentado. El desfile de usuarios de la justicia esperando que se resuelvan inasistencias alimentarias, embargos y otras decisiones no cesa.

El Concejo, en plenaria, advirtió que la situación es crítica tras la parálisis del sector y el atentado contra el Palacio en la medianoche del 31 de agosto. Y que hay 3.000 audiencias suspendidas y 90.000 procesos sin resolver.

"El reforzamiento estructural demorará más de los 5 meses que anunció el Gobierno", dijo Clara Inés Ramírez, Administrativa de la Rama Judicial en el Valle, mientras que Gloria Estela Canaval, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, afirmó que los computadores hoy funcionan como máquinas de escribir porque no tienen conectividad.

El presidente del Concejo, José Luis Pérez, advirtió que a la fecha más de 60 juzgados no están en funcionamiento.

Su colega Clementina Vélez Gálvez fue más dura en sus críticas. Dijo que no se puede dar trato de motel a la justicia. "El hacinamiento es grande, pero no puede el Gobierno ofrecer piezas o cuartos, como si se tratara de ofrecimientos de motel para la justicia, cuando se demanda es una estructura física", dijo Vélez, quien agregó que solo la semana pasada llegó vigilancia pública.

"El presidente Uribe, el ministro Juan Manuel Santos, el Gobernador y el Alcalde, solo hicieron anuncios, se tomaron fotos, pero no dieron soluciones estructurales", dijeron abogados como Pablo Borrero.

La crisis toca a más de mil familias que conforman abogados litigantes que no están percibiendo recursos. Al final hubo propuestas como crear una mesa de trabajo y hablar con el Presidente para exigirle una solución inmediata porque no hay justicia.