La advertencia fue hecha a pocos días del último debate en la plenaria de la Cámara a la ley de víctimas sobre las repercuciones internacionales de este tema.

El proyecto de ley de víctimas ha tenido modificaciones en su tramite en el Congreso ¿Usted cómo lo ve?

Es que los derechos humanos no se negocian. En este caso es como negociar el cambio de una legislación internacional. No se negocia.

Vemos vacíos en la propuesta así como quedó respecto a los estándares internacionales. Y, sin duda, esto estaría sujeto a contestaciones a nivel de la Corte Suprema en Colombia o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esperamos que de aquí a lo que falta para ese debate se avance en un acuerdo.

¿Por qué cree que no reparar a las víctimas de agentes del Estado podría interpretarse como protección a los victimarios?

Lamentablemente hay situaciones en las que los agentes del Estado han sido victimarios en forma amplia. Pero esto le ha pasado a muchos estados. Y casi todos ellos han adoptado leyes para proteger a los ciudadanos del abuso del poder de la fuerza de los propios estados. Gracias a esta legislación es que se logra dar satisfacción a las víctimas.

¿Y que pasa si las víctimas no son reparadas bajo los estándares internacionales?

Cuando los sectores amplios de población que han sido victimizados no encuentran una satisfacción a sus reclamos, se reproducen a lo largo de generaciones. Que esto pase es un elemento de inestabilidad, desestabilización y debilidad para un Estado que se está fortaleciendo. Esto tiene implicaciones que quizás a corto plazo no se ven, pero que son muy importantes. La historia nos ha enseñado eso.

¿El Estado debe ser solidario o responsable con las víctimas?

Ese debate no existe a nivel internacional porque eso ya está resuelto. Es claro que el Estado debe ser responsable y garante de los derechos humanos de todos sus pobladores. El Estado debe proteger a sus ciudadanos de los actores ilegales y también de agentes del Estado. Colombia ha adherido a las declaraciones sobre los derechos de las víctimas. Hay que ver cómo esto se adopta en el país.

¿Qué debe hacer el Gobierno frente a esta coyuntura?

Adoptar los estándares internacionales puede ser un poco difícil pero es un desafío grande. Es posible hacerlo y es un deber del Gobierno hacerlo. Confiamos que en las próximas semanas se avance en el estatuto de las víctimas.

¿Cómo ve lo que pasó en el Congreso con ese proyecto?

Quizá no hay la comprensión de que los estándares de derechos humanos no tienen negociación. La adopción de las normas sobre derechos humanos no se negocia porque es un tema de derecho internacional adquirido.

¿Qué le diría ahora al presidente Uribe?

Expreso el apoyo de Naciones Unidas a encontrar soluciones en lo técnico, en lo jurídico y en lo político. Estamos a disposición del país para encontrar una solución.

REDACCIÓN POLÍTICA