La medida podría ser un arma de doble filo: aliviaría la presión financiera, pero podría ahuyentar a los inversores que dudan de un gobierno que cambia las reglas de juego de la noche a la mañana.

La iniciativa que sepultó el sistema de jubilación privado creado en 1994 se concretó el mismo día en que legisladores oficialistas elaboraron un proyecto de ley para expropiar las firmas Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral, que el grupo español Marsans dejó de operar en julio pasado con una deuda de 890 millones de dólares.

Pero ambas decisiones recibieron críticas de la oposición liberal y derechista, y de empresarios, que consideran que esas políticas favorecen el aislamiento internacional de Argentina, además de fomentar la inseguridad jurídica.

Ratificada en el Senado por 46 votos a favor y 18 en contra, la ley de estatización implica la transferencia al Estado de unos 23.000 millones de dólares en poder de diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) además de los 4.500 millones que aportan anualmente los afiliados al sistema privado.

''La estatización alienta muchas dudas sobre qué derechos de propiedad y derechos adquiridos va a respetar el gobierno y cuáles no, lo que reduce las expectativas de inversión no solo de los grandes empresarios sino también de la gente común'', dijo Fausto Spotorno, analista de la consultora Orlando Ferreres y Asociados.

Por su parte, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, consideró que "es la mejor noticia para los trabajadores y los jubilados".

Según la presidenta Cristina Fernández, la estatización busca proteger a los futuros jubilados de la caída en la rentabilidad que han sufrido las AFJP por la crisis financiera global, pero es interpretada por analistas y opositores como un manotazo destinado a financiar los vencimientos de deuda de los próximos tres años, que suman unos 28.000 millones de dólares.

Sin embargo, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, opinó: "Es normal que genere dudas, pero esperemos que se vayan disipando.

Nadie va a manotear la plata de los jubilados, sino que se va a invertir con seriedad y profesionalismo".

A partir de ahora, el Estado administrará los fondos para cumplir las obligaciones deuda y alejar el fantasma del cese de pagos que desde hace un tiempo sobrevuela Argentina.

Pero la estatización ya mostró su efecto negativo: un día después del envío del proyecto al Congreso, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tocó su mínimo en cuatro años y el índice EMBI+ del banco JP Morgan -que refleja el nivel de sobretasa que pagan los bonos argentinos frente a sus similares de Estados Unidos- superó los 1.900 puntos básicos.

El estilo de gobierno que Fernández heredó de su antecesor y esposo Néstor Kirchner (presidente entre 2003-2007) ratificó el camino de fortalecimiento del Estado como regulador y administrador.

Kirchner recuperó el correo, la compañía de agua, ramales ferroviarios y el control radioeléctrico, privatizados durante la neoliberal década del 90, bajo la administración del también peronista Carlos Menem.

El analista de la consultora Finsoport, Jorge Todesca, dijo, por su parte: ''Argentina ha venido tomando una serie de medidas poco amistosas hacia los inversores durante el gobierno de los Kirchner. Estamos ante una salida de capitales. La sanción de la ley va a acentuar un proceso que ya está en marcha''.

BUENOS AIRES
AP, AFP y Efe