Se trata de cinco funcionariios que desde la misma entidad alertaban por teléfono a alcaldes, gobernadores, políticos y hasta viceministros sobre procesos y realizaban acciones a su favor.

Las conversaciones se registraron entre enero y marzo pasado. En total se comunicaron en 103 oportunidades con políticos y funcionarios públicos de Casanare, Atlántico y Guajira.

Las conversaciones no solo revelaron la identidad de los funcionarios de la Procuraduría, sino que desenredaron la madeja de favores que permitieron a sus clientes enfrentar procesos disciplinarios en su contra, obtener recursos para sus regiones y hasta conseguir entrevistas con presos vinculados con parapolítica.

La Procuraduría General, apoyada en el contenido de las conversaciones, formuló cargos en contra de Ana Gilma Mahecha Gutiérrez, Adriana del Carmen Botero Giraldo, Luisa Sierra Aldana, Gustavo Quintero y Patricia Ríos Cardona, quienes estaban adscritos a delegaciones encargadas de la vigilancia de entidades territoriales, del manejo de las regalías y de asuntos disciplinarios.

Estos funcionarios, según la investigación, habrían favorecido con sus actuaciones a los ex gobernadores de Casanare William Pérez, Miguel Ángel Pérez, Óscar Iván Flórez y Helí Cala López; a la alcaldesa de Yopal, Liliana Salcedo Restrepo; a la gerente de Aguas y Acueducto de esa ciudad, Ángela Alfonso, a la ex representante a la Cámara Sandra Arabella Velásquez y a la viceministra de Agua del Ministerio de Ambiente, Leyla Rojas Molano, entre otros.

El 22 de noviembre del año pasado la unidad de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, encargada de detectar actos de corrupción en la entidad, dejó al descubierto la existencia de la supuesta oficina de asesorías.

Cinco días después del hallazgo, la unidad presentó ante el procurador Edgardo Maya un reporte del caso con una lista de ocho líneas de teléfonos celulares, desde las cuales las personas investigadas obtenían, dice la unidad, información sobre procesos.

Ante esto, el jefe del Ministerio Público designó una comisión especial a la que le otorgó funciones de policía judicial y ordenó interceptar los números.

En las llamadas se logró identificar a Adriana Botero, abogada adscrita a la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, como el contacto de William Pérez en el Ministerio Público.

De acuerdo con el proceso, la funcionaria elaboró, con información de la base de datos de la Procuraduría, una acción de tutela para que el ex gobernador de Casanare pudiera de nuevo postularse como candidato. En la inspección judicial, los investigadores encontraron el borrador del documento en los archivos del computador utilizado por la funcionaría.

El texto, según el registro, fue escrito a las 3:37 de la tarde del 24 de julio de 2007 y su redacción es idéntica a la tutela que presentó Pérez ante el Tribunal Administrativo de Casanare. Pedía suspender los efectos de un fallo disciplinario en su contra hasta que se decidiera una demanda. Pérez, para ese momento, estaba inhabilitado para ocupar cargos públicos por 12 años.

Pero no fue el único caso en el que intervino la abogada de la Procuraduría. También -dicen los investigadores- llamó a la viceministra de Agua del Ministerio de Ambiente, Leyla Rojas Molano, y la advirtió sobre una investigación disciplinaria.

Contra Rojas se había iniciado una indagación preliminar por posibles irregularidades en el manejo de proyectos de saneamiento básico, presentados por alcaldes de varios municipios de Boyacá y Santander. El Viceministerio de Aguas los había aprobado sin tener en cuenta conceptos negativos sobre su viabilidad emitidos por el Departamento de Planeación Nacional.

Botero habría hecho contacto con la viceministra Rojas por intermedio de Gilma Mahecha, otra funcionaria del Ministerio Público que integraría la red de asesores y quien también mantenía contactos con Pérez.

Los investigadores de la Procuraduría intervinieron llamadas en las que Mahecha llama al ex mandatario de Casanare "jefe". En ellas detectaron que Mahecha, aprovechando su investidura de funcionaria, intercedió ante la directora de la cárcel La Picota para lograr que el ex gobernador Pérez se entrevistara con cinco alcaldes de ese departamento sindicados de haber sellado un supuesto pacto con 'paras'. Finalmente, dice la investigación, lo logró.

En ese entonces, la Fiscalía había ordenado la captura del ex gobernador por presuntos nexos con paramilitares.

La abogada Mahecha también asesoró a la representante a la Cámara Sandra Arabella Velásquez, investigada por la Procuraduría y la Corte Suprema por presuntamente utilizar en su beneficio un vuelo de la Fuerza Aérea en el que supuestamente se transportaban víveres para el Guaviare.

Los investigadores, después de revisar su computador, descubrieron que muchos de los documentos presentados por la congresista en su defensa fueron escritos en la misma sede de la Procuraduría por la funcionaria y anexados a los expedientes.

Las grabaciones de las llamadas telefónicas, que sirvieron de base a los investigadores del Ministerio Público para descubrir a los cinco delegados, fueron entregadas por el procurador Maya a la Fiscalía, que ahora las evalúa con el fin de establecer si abre investigación penal en contra de estas personas.

Llamada telefónica

El 17 de enero pasado, a las 8 de la noche, la funcionaria de la Procuraduría Gilma Mahecha se comunicó con la ex representante Sandra Arabella Velásquez, que tiene en su contra dos investigaciones.

Gilma Mahecha: Aló

Sandra Velásquez: Q'hubo Mahecha... Quedé de pasar, sino que estoy preocupada. No han dicho nada de la Procuraduría...

GM: ¿Cómo?

SV: No han dicho nada de la Procu...

GM: Tan boba, no ve que usted es la que fija la fecha. Yo ya pasé el oficio, simplemente es que usted fije la fecha, que diga cuándo.

REDACCIÓN JUSTICIA