Bajo el mando del más popular de los gobiernos, el régimen político colombiano comienza a disolverse a pedazos. La recurrencia de los comportamientos regidos por esa especie de cultura del atajo, que desde la Presidencia se ha ido "institucionalizando" hasta enquistarse en los aparatos públicos y las actividades privadas, tiene hoy al país en medio de una grave conmoción institucional.

Una mirada sobre el conjunto deja ver cómo la corrupción parece haber copado todos los ámbitos de la función pública. En el alto Gobierno, unos funcionarios son acusados por el uso indebido de sus cargos, por la apropiación de dineros públicos o la presentación de documentos falsos; unas fuerzas armadas señaladas -como nunca- por los 'falsos positivos' y sus vínculos con paramilitares y narcotráfico; una clase política judicialmente arrinconada por cuenta de comportamientos delictivos o sus vínculos con delincuentes; unos partidos políticos acosados por el desprestigio y la incapacidad para movilizar a los ciudadanos; un sistema electoral cuestionado por su incapacidad para ofrecer neutralidad; unas ramas del poder público que se enfrentan por la usurpación de funciones y competencias; un Congreso que se ha convertido en un pequeño recinto de presiones burocráticas y politiqueras; un servicio exterior que recurrentemente debe remover a sus embajadores por problemas con la justicia; y ahora, con las 'pirámides', un Estado que ya no sólo es incapaz de hacer valer las reglas del juego político e institucional, sino que tampoco puede garantizar el correcto funcionamiento del régimen de propiedad, el de comercio o el del dinero.

Ya no se puede decir que Colombia está ante una crisis de valores. Tampoco, que existen sólidos referentes institucionales que permitan renovar el régimen político que lo sostiene. Ya no existen. Los comportamientos corruptos ya no son pequeñas islas o casos aislados que pueden ser extirpados, de manera que las cosas vuelvan a la normalidad. Ahora se han convertido en hechos cotidianos.

La espiral de violencia ha alcanzado un punto tal, que la defensa de los derechos humanos ha sustituido cualquier reclamo de profundización democrática. Si una minoría quiere hacer valer sus derechos, debe hacerse sentir en las calles. La fractura entre el derecho y la política es tan grande, que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe advertir que el proyecto actual de Ley de Víctimas "introduce factores de discriminación entre las víctimas, que son inaceptables desde el punto de vista de la universalidad del derecho a la igualdad".

El éxito económico es valorado por fuera de cualquier consideración ética. Cada quien es capaz de arriesgar lo que esté a su alcance, con tal de asegurar un enriquecimiento rápido. Bien porque su situación es tan precaria, que no tiene qué perder. O bien porque los sistemas de favores políticos le aseguran impunidad. Es la realidad del mercado, en el que no hay reglas iguales para todos. Son sistemas que a corto plazo movilizan apoyos políticos, pero que a largo plazo terminan quebrando la institucionalidad de las decisiones de política económica. Por asegurar favores, el Estado ha perdido los instrumentos para mantener la cohesión social.

Hoy es el derrumbe de las pirámides que obligó al Superintendente Financiero a presentar su renuncia. Ayer, los señalamientos por las ejecuciones extrajudiciales, los que forzaron la destitución de 27 de militares; y antes, la crisis de la 'Yidispolítica' y antes la 'parapolítica'. Ese ha sido el camino que ha seguido el Gobierno en los últimos años. El Presidente no tendrá un respiro que le permita utilizar el capital político represado en los altos niveles de popularidad. Y no por la capacidad que hayan tenido los opositores para bloquear al Gobierno, sino por la fragilidad del régimen político colombiano que, sumada a los propios errores gubernamentales, los que se han convertido en escollos que el Gobierno cree que al demoler los va a superar.