Ese día, a la oficina ubicada en la carrera 17 entre calles 16 y 17, en pleno centro de la 'Perla del departamento' llegó un vehículo transportador de valores para recoger $90 millones.

Sobre las 5:30 de la tarde la Policía detuvo el vehículo y desde esa hora hasta la madrugada del domingo cientos de personas se agolparon en el lugar para impedir que los uniformados se llevaran el carro, que fue custodiado por ahorradores hasta la estación de Policía en esa ciudad.

La oficina de DMG en Duitama manejaba dineros de por lo menos 8 mil boyacenses de 30 municipios, incluido Sogamoso donde no había sede.

Las autoridades aseguran que en todo el país la empresa de Diego Murcia Guzmán manejaba cerca de 400 mil millones de pesos al año.

Esa sería la razón que llevó al Gobierno a tomar la determinación de sellar todas las agencias de la firma en Colombia y nombrar a un recaudador nacional que será el encargado de devolver parte de los dineros en todo el país.

Se habla de una devolución de hasta un 60 por ciento y la totalidad de los dineros a quienes invirtieron menos de 500 mil pesos, pero quienes hicieron grandes inversiones serán los más afectados.

El plan de choque adaptado por el Gobierno nacional también contempla que quienes ya fueron beneficiados no les van a devolver dinero. Para corroborar la información se utilizarán las bases de datos de la misma empresa captadora.

Beneficiarios de DMG protestan

Desde que empezó el escándalo, hace cerca de una semana en Popayán, por la caída de la pirámide DFRE, los simpatizantes de DMG dieron inicio a una protesta nacional para defender a la firma que funciona desde hace cerca de seis años.

El propietario de la empresa, Diego Murcia Guzmán, denunció una guerra en su contra incentivada por el sector bancario de Colombia que estaba viendo cómo el pueblo acogía un sistema de ahorro diferente.

Para apoyar la protesta del empresario del Putumayo los ahorradores de DMG se dieron a la tarea de organizar marchas en todo el país y ahora llevarán la decisión del Gobierno ante los estrados judiciales, para buscar que se les permita seguir beneficiándose de este sistema.

Los beneficiarios de DMG afirman que la firma es legal y que por un millón de pesos depositados allí el ahorrador recibía dos tarjetas con las que podía adquirir productos y servicios en las cerca de cien empresas con las que DMG tenía convenios.

También se firmaba un contrato de prestación de servicios para hacer publicidad boca a boca, que dependiendo del día o la promoción vigente asignaba el monto de las ganancias que se pagaban en los seis meses siguientes.

La mínima inversión era de 100 mil pesos y la máxima no tenía tope. El número de afiliados en todo el país superaba las 200 mil familias.