La caída como fichas de dominó de los esquemas ilegales de captación pública de dineros, las 'pirámides', a lo largo y ancho del país, produjo tanta rabia y desesperación en sus miles de usuarios que los llevó a la revuelta cívica, el vandalismo y hasta el asesinato del personero de Buesaco (Nariño), al confundirlo con un cómplice del negocio. No es para menos: miles de ciudadanos han perdido sus ahorros al invertirlos en estos fraudes, que prometían espectaculares ganancias en poco tiempo. Mientras el desplome de Wall Street sacude a las grandes capitales del mundo, Colombia sufre un peculiar derrumbe financiero por cuenta de las 'pirámides' de Mocoa y Pasto. Ya Fenalco habla de efectos en el consumo en estos municipios.

La reacción visceral de los ahorradores ha sido la de culpar al Estado, más que a su propia avidez. Es cierto que estas 'pirámides', con sus sospechosos retornos mágicos, crecieron abierta y orondamente ante la mirada indiferente de las distintas autoridades competentes. Un informe de la veeduría de la Fiscalía calcula que el monto en riesgo rondaría los dos billones de pesos. Los entes reguladores -la Superintendencia de Sociedades y la Financiera- se escudan en que su labor administrativa carece de dientes, aunque esta culebra de mil cabezas creció tranquilamente bajo su vigilancia.

El Ejecutivo presentó hace dos meses un proyecto de ley para endurecer las penas contra la captación ilegal de dinero, que hoy en día es excarcelable. Esta iniciativa también fue víctima de la operación tortuga del Congreso y, de todos modos, el proyecto en cuestión terminaría en penalizar lo que ya desde 1982 (otro año de derrumbe financiero) está castigado.

Por otro lado, el presidente Uribe, quien reconoció que el Gobierno llegó tarde a esta crisis, pidió un censo de los afectados de estratos uno y dos, su Unidad de Información y Análisis Financiero evaluará los reportes de 72 firmas y la Policía anunció próximas capturas en el caso de DMG, una de las empresas símbolo de estos esquemas. Pero la respuesta estatal es no solo tardía, sino débil e incompleta. Sobre todo tratándose de un problema que no es nuevo: DRFE, la empresa que cayó esta semana, operó desde el 2004 en 61 municipios del país. Los vacíos jurídicos y normativos pudieron haberse resuelto de una manera más expedita y así cortar de raíz la consolidación de este sector. Cinco años de gestación tiene como mínimo esta caída. Una mezcla de imprevisión e indolencia ante esta gigantesca estafa "cantada".

Sin embargo, la responsabilidad del Estado no puede tapar la de la codicia individual. Las 'pirámides' son esquemas fraudulentos de muy vieja data (el famoso método Ponzi en 1919 y la quiebra de Albania en 1997), que se alimentan de la ilusión del dinero fácil y la desconfianza hacia el sistema bancario formal. Autoridades y medios de comunicación han advertido todo el tiempo sobre estas empresas, pero pueden más la ilusión y las ganas. Los que metieron plata en estos negocios tomaron un riesgo, disfrutaron de ganancias exorbitantes y luego lo perdieron todo.

Declararse víctima de un engaño no exime de responsabilidad a muchos ahorradores, quienes se comportaron como "jugadores de ruleta rusa". Tampoco debe salvar, por supuesto, a los autores intelectuales de estos fraudes masivos, que deben pagar ante la ley por su delito.

La debacle de unas pocas 'pirámides' tampoco es, por desgracia, el fin del fenómeno. Las próximas caídas, que las habrá y con duras consecuencias, no pueden llegar sin la respuesta necesaria. Al Gobierno le corresponde adoptar unas medidas de choque y tener mayor control de estos negocios. Y a los colombianos -los incautos y los ávidos-, mayor responsabilidad con sus ahorros y menos ansias de 'corone' fácil.