Este hecho recurrente que hace parte de las costumbres políticas del país tiende a extenderse e incrementarse en la medida en que para obtener una curul se requiere de ingentes sumas de dinero, entre mil quinientos y dos mil millones de  pesos para acceder al Congreso de la República, que los candidatos deben conseguir de manos de prestamistas y banqueros prestos a financiar sus aspiraciones políticas en el marco de un régimen cuyas prácticas desembocan en actos de corrupción y clientelismo políticos.

Estas circunstancia conllevan a que buena parte de concejales, diputados y congresistas se alejen de su función esencial de representar y defender los  intereses comunes de los ciudadanos señalados en la constitución y la ley, lo cual no impiden que caigan en manos de sus acreedores que terminan imponiéndoles toda clase de obligaciones y compromisos como si se tratara de simples negociantes de sus apetitos e intereses personales.

De toda esta trama no se salva ni siquiera el encumbrado dirigente conservador Hernán Andrade, presidente del Senado, quien  recurrió a un préstamo de dudosa procedencia en plena campaña electoral, generando una gran controversia a nivel del congreso y de la opinión pública, que reclaman la renuncia de su cargo, en un escándalo que junto con el de la parapolítica,  han hecho que dicha corporación pierda su credibilidad e independencia frente a las demás ramas del poder público.