El anuncio lo hizo el presidente Álvaro Uribe durante la celebración de los 89 años de la Fuerza Aérea.

Los oficiales responsables serán  designados hoy y comenzarán a funcionar en cada división, brigada y batallón a partir del lunes próximo.

Ellos recibirán todas las quejas que la gente tenga sobre posibles irregularidades y violaciones de los derechos humanos en guarniciones militares o de efectivos de la Fuerza Pública.

Además, habrá un control de gestión semanal por teleconferencia y que será transmitido en directo por televisión para que que el oficial rinda cuentas sobre estas quejas.

También se le perdirá acompañamiento a la ONU para que haga supervisión de este procedimiento. 

''A partir de hoy en cada división, brigada, batallón del ejército, en cada región y comando de policía habrá un oficial... cuya tarea será recibir quejas de los ciudadanos sobre posibles abusos en las fuerzas armadas'', dijo el presidente Uribe.

''Vamos a llamar a Naciones Unidas para que Naciones Unidas ejerza una supervisión sobre este procedimiento... creemos que manejar estos temas en público, de cara a la opinión publica y con toda la apertura a la participación ciudadana, es altamente conveniente'', dijo el mandatario sin detallar la posible cooperación que prestaría la oficina local de la ONU en este nuevo procedimiento.

Uribe hizo el anuncio cuando las fuerzas militares enfrentan una nueva ola de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos como casos de ejecuciones extrajudiciales.

La denuncia en agosto y septiembre pasado sobre la desaparición y asesinato este año de 11 hombres oriundos de Soacha, una barriada pobre al sur de Bogotá, cuyos cadáveres aparecieron en fosas comunes en una región del noreste del país, tras haber sido reportados como muertos en combates con el ejército, desembocó el 29 de octubre en la destitución y dada de baja de 27 militares, entre ellos tres generales, por negligencia en procedimientos castrenses que pudieron facilitar esos casos.

Esta semana el caso de Soacha y la destitución de los oficiales costó también la cabeza del comandante del ejército, general Mario Montoya, quien renunció al cargo.