La Defensoría del Pueblo del Valle reporta que en octubre pasado 772 familias dejaron sus casas por temor a caer en medio de los enfrentamientos.

En el último rincón de la calle Santa Mónica, en el barrio Viento Libre, son pocos los que se niegan a dejar sus pertenencias.
Sienten terror por las balas que en la última semana han dejado huellas en las fachadas de seis viviendas, pero se han resignado a ver cómo sus vecinos se van.

La última desbandada fue el jueves pasado. En menos de hora y media, diez familias salieron despavoridas de esta calle. Todos guardan silencio porque el miedo es un cerrojo.

No es la única calle de la zona insular de Buenaventura que vive en menos de un año el desplazamiento interbarrial ocasionado por los enfrentamientos entre grupos ilegales que se disputan el control territorial, y la Fuerza Pública y la Armada, que tratan de evitar que la violencia se tome al puerto vallecaucano.

A pocos metros de Santa Mónica, en la calle Campo Alegre, el último tiroteo dejó rastros en paredes de 30 casas.

Quienes se van dicen que no es necesario que alguien los amenace para abandonar sus casas. El traqueteo de las balas y el miedo a morir por ellas es suficiente razón.

"Tengo cuatro niñas y no puedo seguir así. Por aquí vivimos como en guerra. El peligro no son esos hombres, son las balas que salen como locas", dice Elena*, quien decidió salir con lo poco que tenía.

La Defensoría del Pueblo del Valle lanzó una nueva alerta que advierte sobre la crítica situación de desplazamiento forzado que se viene presentando en Buenaventura, especialmente en barrios de bajamar como Punta del Este, Santacruz, Inmaculada, Juan XXIII, San Francisco, Kennedy, Pampalinda, Lleras y Viento Libre.

De estos barrios la entidad recibió en octubre declaraciones que incluyen el desplazamiento de 772 familias, es decir 4.069 personas.

"El desplazamiento forzado se ha recrudecido nuevamente por la disputa territorial entre los actores armados al margen de la Ley y los enfrentamientos entre estos grupos y la Fuerza Pública, lo que produce intimidación a la población, asesinatos selectivos, víctimas sobrevivientes, confinamiento comunitario y desalojo de sus habitantes", dijo el defensor regional, Andrés Santamaría.

Ante esa situación la Defensoría le solicitó al Gobernador del Valle convocar urgente al Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada, para el acompañamiento a la población, y atender la situación de crisis que vive el municipio.

La Policía y la Armada Nacional aseguran que están garantizado la seguridad de los moradores de estas zonas.

El alcalde José Félix Ocoró rechazó el hecho de que inescrupulosos obliguen a los ciudadanos a desplazarse, pues dice que no puede haber territorio vedado para nadie "y por eso los vamos a acompañar y les garantizaremos su seguridad con la Armada y la Policía".

Pero Amparo Ruiz, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Lleras, dijo que la comunidad clama por protección porque está desesperada".

Por las calles del Lleras el terror no es sólo por las balas. En las últimas semanas, según algunos residentes, miembros de grupos al margen de la ley adelantan reclutamiento de jóvenes entre 17 y 20 años. Quienes no 'les sirven', son asesinados. No obstante, las autoridades no tienen denuncias al respecto.

"La Fuerza Pública viene trabajando y en estos momentos se le está garantizando la seguridad a quienes retornen a sus viviendas", dijo Orlando Valencia, secretario de Gobierno municipal.
El comandante de la Segunda Brigada de Infantería, Héctor Aguas, dijo que "los operativos se están haciendo constantemente. Tenemos un área grande y estamos tratando de identificar las zonas más conflictivas. Hemos dado las instrucciones para permanecer en la zona de forma indefinida hasta que retorne la calma".

*Nombre ficticio por seguridad del entrevistado.