Al parecer los acusados habrían presentado la muerte de dos personas como falsos positivos, tras un enfrentamiento el 24 de julio de 2006 en la vereda Hondura, norte del Valle del Cauca.

Según la Procuraduría, Gustavo  de Jesús  Zuleta Cano era un campesino al que después  de  darle muerte fue  presentado como el resultado de un combate contra "Los Machos", organización ilegal armada  al servicio de la  seguridad  de  Diego León Montoya  Sánchez, alias  "Don Diego". 

El Ejército presentó un informe el 24 de julio del  2006  que daba cuenta  que en enfrentamientos ese día  entre tropas  de la  Fuerza  Tarea Conjunta Darién en las regiones de  Guala Baja  y La Hondura, "dos  integrantes  del grupo armado al servicio  del narcotráfico "Los Machos"  fueron dados  de  baja  y  uno de  ellos  fue  identificado  como Zuleta Cano, de  26  años, en tanto que otro  permanecía  para  su identificación en la morgue municipal".

La Procuraduría determinó después de investigaciones que Zuleta Cano se encontraba "en  estado de indefensión, ajeno al conflicto armado y como tal debería ser considerado como persona protegida".

"Zuleta Cano  no era  ningún bandolero como lo quisieron mostrar, sino un campesino con actividades  agropecuarias reconocidas  en el corregimiento de Puerto Nuevo del municipio de Versalles, situación que lo obligaba a trasladarse todos los días en un transporte de servicio público de la vereda la Pradera a su lugar de trabajo, vehículo del cual fue bajado en un retén por algunos miembros del Ejército", señala la Procuraduría.

Al elevar el pliego de cargos contra  el Capitán Carlos Onofre Baenz Suárez, el Subteniente Iván Giovanni Pachón Jiménez, el Cabo Tercero Werley Vidal Díaz y los Soldados Profesionales Guillermo Sandoval Rojas y Luís Andrés Rendón la Procuraduría General reprochó a los servidores investigados "que bajo el argumento de encontrarse en un estado de legítima defensa repeliendo un ataque, procedieron a disparar sus armas de dotación oficial contra un ciudadano que se encontraba en estado de indefensión, causando su muerte, incurriendo en una infracción al Derecho Internacional Humanitario". 

Así mismo, estimó la Procuraduría que estos integrantes  del Ejército  "desbordaron la función pública asignada, pues desviaron la actividad legítima del Estado y ejecutaron una conducta que trascendió al misión constitución de la fuerza pública, como es la protección a la vida, e integridad de las personas, cometiendo un acto ajeno al servicio constitutivo de una violación gravísima de los derechos humanos ".

Finalmente consideró la Procuraduría que los militares pudieron haber incurrido en una violación a los derechos humanos por la muerte de Zuleta Cano, incurriendo en una falta disciplinaria considerada como gravísima de acuerdo con el código disciplinario. 

William Loaiza Amador
Corresponsal EL TIEMPO
TULUA