Gilberto Rondón dice que esta puede ser una semana crucial para resolver el conflicto que hoy completa 41 días.

Más de 2.000 abogados litigantes en Boyacá, los presos de las cárceles, las madres y niños que esperan cuotas alimentarias y los usuarios de las EPS que deben recurrir a acciones de tutela para agilizar cirugías y suministro de medicamentos, figuran entre los afectados por el paro judicial.

Incluso los propios empleados judiciales, entre ellos jueces y secretarios, ya están resultando damnificados pues en el último pago de nómina no les cancelaron los salarios correspondientes al mes de septiembre.

César Humberto Sierra Peña, director regional de Administración Judicial, que cubre tres distritos judiciales en Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, dijo que de los 1.251 empleados judiciales, apenas les fueron cancelados salarios a 745, lo que significa un 69 por ciento.

Según el funcionario, para hacer los pagos se tienen en cuenta las certificaciones de jueces, magistrados, personeros e inspectores de trabajo y que existe un principio que señala la ley según el cual quien no trabaje no puede recibir remuneración.

Gilberto Casas Aranda, presidente de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal) de Santa Rosa de Viterbo, sostiene que no es legal retener o dejar de cancelar salarios porque el Gobierno no ha declarado la ilegalidad de este paro y que ese es uno de los requerimientos que ahora se incluye en la negociación con el Gobierno Nacional.

Según Casas, el fin de semana se realizó en Bogotá una reunión con delegaciones de todo el país y se acordó que se mantendrá una posición firme frente al Gobierno y que no se claudicará en la intención de lograr que se respeten los derechos de los trabajadores.

Casas dice que la declaratoria de Conmoción Interior por parte del Gobierno nacional es a todas luces ilegal, como muy seguramente será declarado por la Corte Constitucional.

Presos, sin derechos

Pedro José Suárez Vaca, juez Quinto de Ejecución de Penas de Tunja, señala que, a pesar del paro, los jueces y los funcionarios judiciales han venido atendiendo los casos más sensibles para la ciudadanía, como son los de personas capturadas en flagrancia, la libertades por pena cumplida y las acciones de tutela en las que se ve comprometida la vida de las personas.

"Los perjuicios a la ciudadanía no los causamos nosotros sino la indolencia del Gobierno", señala el Juez de Ejecución de Penas.

Suárez Vaca acepta que con el cese de actividades sí se han visto afectados los internos de las cárceles, como por ejemplo quienes tienen derecho a libertad condicional y a quienes les toca pagar la pena completa.

Igualmente a quienes tienen derecho a redención de penas, que no se están concediendo y a quienes eventualmente se han visto beneficiados con prisión domiciliaria.

Entre los más afectados también están los abogados litigantes, quienes no pueden adelantar actividades ante los despachos judiciales para cobrar honorarios.

El Gobierno nacional ha hablado de por lo menos 170 mil abogados afectados en el país, pero la cifra está inflada, teniendo en cuenta que muchos de quienes recibieron desde hace 20 años tarjeta profesional han fallecido y que otros miles ejercen actualmente cargos públicos y por esa razón no litigan.

Al declarar el estado de Conmoción Interior, el presidente Álvaro Uribe dijo que como consecuencia de esta parálisis de actividades, en el país han quedado en libertad más de 2 mil 720 personas, capturadas por la sindicación de delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes.

El Mandatario también señaló que más de 120 mil 751 procesos se han dejado de fallar, así como 36 mil 986 decisiones de tutela, la no realización de 25 mil 284 audiencias, incluidas 15 mil 983 audiencias de control de garantías.