El 35 por ciento de las personas que la Organización atiende en clínicas móviles en Colombia asegura haber sido víctima de violencia sexual alguna vez en su vida.

Entre aquellos que acudieron a puestos fijos la cifra es 22 por ciento.

Esta es una de las revelaciones del estudio 'Violencia sexual en Colombia: una mirada integral desde los proyectos de ayuda humanitaria en salud de Médicos sin Fronteras', realizado por la ONG en municipios de Chocó, Sucre, Valle del Cauca, Caquetá y Bolívar durante el primer semestre del 2008.

Las mujeres en edad fértil son, según el informe, las principales víctimas, seguidas por niños, hombres (adolescentes y adultos) y homosexuales.

"Es el primer estudio de este tipo que hacemos, motivados por la alta frecuencia de eventos de esta clase atendidos por la organización; queríamos conocer, además, las dificultades que enfrentaban las víctimas en sus procesos de atención", aseguró Piero Gandini, coordinador general de Médicos sin Fronteras en Colombia.

Llama la atención que los porcentajes enunciados por el estudio resultaron ser superiores a los referidos por otras investigaciones que han indagado el tema, entre ellas la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Profamilia, 2005), según la cual el 17,5 por ciento de las mujeres en edad fértil han sido violadas.

Sobre los autores de los abusos, siete de cada 10 afectados que consultaron en clínicas móviles dijeron que el agresor fue un conocido (24,5 por ciento eran familiares); entre los usuarios de puestos fijos seis de cada diez fueron agredidos sexualmente por conocidos (no familiares).

El estudio es enfático en asegurar que son pocas las víctimas que buscan ayuda en instituciones de salud.

Cuando se acercan a solicitarla, se enfrentan a múltiples barreras, pese a que la ley 360 de 1997 es clara en señalar que estas personas tienen derecho a acceder en forma gratuita a exámenes, a tratamientos para el trauma físico y emocional, para la prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual, al igual que a servicios de asesoría para ellas y sus familias.

Gandini dijo que "lo curioso es que la misma Ley 100 de 1993 desconoce a estas víctimas los derechos otorgados por otras reglamentaciones".

El 81 por ciento de los encuestados en clínicas móviles y el 94,5 por ciento en puestos fijos aseguraron que no buscaron ayuda por vergüenza.

La segunda causa reportada fue el temor por su propia seguridad y la de su familia. Otras razones incluyeron el miedo a volver a ser blanco de abuso y la falta de confianza en el grado de confidencialidad de las entidades de salud.

Uno de los datos más preocupantes fue aportado por el 23,6 por ciento de las mujeres encuestadas: considera que el abuso sexual es parte de su vida normal.

Los testimonios también revelaron que, en muchos casos, cuando los afectados buscan ayuda no la obtienen, a tal grado que el 25 por ciento de los funcionarios de las instituciones de salud en esas zonas no sabe cómo obrar cuando estos se presentan.

Gandini opina que el Estado debe aclarar las normas para manejo y atención de estos casos, insiste en la necesidad de que las instituciones de salud se preparen para atender a las víctimas, y considera que el Ministerio de la Protección debe implementar un sistema de vigilancia que garantice la recopilación y análisis de casos para mejorar la asistencia a las víctimas.

REDACCIÓN SALUD