Al fallar una acción de tutela, el tribunal determinó que existen graves deficiencias en la atención que está dando el Estado a los menores desarraigados y sus familias.

El alto tribunal encontró, después de analizar por meses la situación de los menores, incluso en audiencias públicas, que la respuesta del Gobierno "ha sido fragmentada y desorganizada, en la cual brilla por su ausencia un centro coordinador".

Una niña desplazada en Medellín, por ejemplo, le contó a la Corte Constitucional cómo pasaba sus días: "A veces no hay nada para comer y uno se queda dormido para no tener que sentir hambre".

Otros pequeños en la misma situación en Cartagena les enviaron a los magistrados escritos con algunas peticiones: "Quiero decirle que nos ayude así sea con una alimentación. Necesitamos libros, cuadernos, uniformes y comida porque nos vamos a morir de hambre, alimentos para los niños desnutridos". Otro dijo: "Si no es mucha molestia quiero que me regale ropa, alimento y vivienda. A mí me gusta la comida".

Los niños (mas de un millón) son el 54% de la población desplazada del país .

La decisión fue adoptada con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda y con la participación de los magistrados Rodrigo Escobar y Jaime Córdoba.

En general, la conclusión de la Corte es que desde que emitió una sentencia en el 2004, en la que estableció que el problema del desplazamiento se ha desbordado, el Estado no ha superado las graves dificultades que vive esa población. "El estado de cosas inconstitucional persiste en la actualidad, y conlleva la continuidad de la violación masiva, sistemática, profunda y persistente de los derechos fundamentales de millones de personas", señala la Corte

'Atención es insuficiente'

El tribunal estableció las graves deficiencias por parte del Estado en la atención de los niños que son desarraigados con sus familias.

"La respuesta de las autoridades a la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento ha sido marcadamente insuficiente -considera la Corte-. Los esfuerzos han quedados cortos". 

La Corte constató, además, que en muchas ocasiones "la respuesta ha sido tardía, carente de la asignación de recursos para menores desplazados".

El alto tribunal llama la atención de que actualmente los niños desplazados están en riesgo de ser víctimas de crímenes, de reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y de ser víctimas de minas antipersona y material bélico sin explotar.
De igual manera, de ser incorporados a ser víctimas de abuso sexual y de "soportar las estrategias de control social de los grupos armados ilegales que operan en amplias zonas del país".

Tras hacer el diagnóstico le ordenó a ministerios y entidades del Estado que elaboren, en un plazo máximo de seis meses, un programa que esté dedicado solamente para atender a niños en estado de desplazamiento, con apoyo de ONG y la comunidad internacional.

Le ordena especialmente a Acción Social y al ICBF que elaboren tres proyectos piloto para prevenir el reclutamiento de menores, las afectaciones por minas antipersona y combatir el control social que ejercen grupos en Medellín.

De igual manera se deben crear proyectos para la atención de niños desplazados en Cartagena, Arauca, Sincelejo, Quibdó, Tumaco, Buenaventura, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Policarpa (Nariño), Florencia (Caquetá) y San José del Guaviare.

Viene protección a los indígenas

La Corte Constitucional prepara para las próximas semanas otras decisiones con las que se quiere ordenar a las entidades del Estado que protejan, de manera diferencial, a todos los desplazados.

Es por eso que vienen decisiones que beneficiarán a indígenas, afrocolombianos y desplazados que padecen alguna discapacidad. Como sucedió con los niños, estas comunidades han pasado por audiencias públicas que ha convocado el tribunal en el último año.
Hace dos meses, la Corte protegió a 600 mujeres desplazadas
que no habían logrado protección del Estado. Muchas de ellas habían sido víctimas de violencia sexual, que las obligó a desplazarse.

En este momento, según fuentes del tribunal, entidades del Estado están terminando de proyectar 13 programas para atender a esta población, como lo ordenó la Corte.

REDACCIÓN JUSTICIA