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Conmoción interior para enfrentar paro judicial decretó el Gobierno

El Consejo Superior de la Judicatura quedó facultado para destituir a los funcionarios que participen en la movilización, que ya completa 38 días, y nombrar reemplazos.

Con base en la declaratoria, el Consejo Superior de la Judicatura podrá nombrar, trasladar y posesionar nuevos funcionarios, lo mismo que suspender a quienes no se presenten a sus oficinas hoy mismo.

La norma permitirá, además, que los notarios asuman algunas competencias que tenían los jueces.

Otras medidas

La Judicatura tendrá la facultad para dictar medidas que ayuden a descongestionar los procesos de jurisdicción voluntaria y de adopción y atribuirá funciones a notarios, según su competencia.

Los jueces podrán rechazar toda demanda que carezca de fundamentos.

Se modificará el Código de Procedimiento Civil. Por el paro, la congestión en procesos en despachos judiciales se acrecentó.

El Gobierno hará las modificaciones presupuestales para cumplir con lo decretado en la Conmoción Interior.

Gobierno busca efectos permanentes

Los decretos expedidos por el Presidente tienen fuerza de ley, pero vigencia transitoria. Sin embargo, el mandatario anunció que el Gobierno los presentará ante el Congreso para que sean convertidos.

Según Uribe, la intención es solucionar el problema de la congestión en la administración de justicia, pero no solo la relacionada con el paro, sino la que se presenta de manera permanente.

Aunque la idea original de hacer uso de la excepcionalidad constitucional para conjurar el paro judicial provino del banquero Luis Carlos Sarmiento, que así se lo sugirió al Presidente el pasado martes, el Jefe de Estado se cuidó de hacer consultas con las altas cortes, la Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso, hasta generar un consenso.

El estado de conmoción regirá en principio por 90 días, pero podrá ser prorrogado por dos períodos iguales (para un total de 270, es decir 9 meses), según reza el artículo 213 de la Constitución.

La vigencia de las normas extraordinarias, de todas maneras tendrá controles. A partir de hoy, la Corte Constitucional dispondrá de un plazo de dos meses para estudiar la constitucionalidad de los decretos. Y en caso de que el Gobierno resuelva hacer uso de la tercera prórroga, requerirá de la aprobación del Senado.

En todo caso, tres días después de declarado el estado de excepción, el Congreso se reunirá por derecho propio y recibirá un informe del Presidente sobre las razones que motivaron la decisión.

La Constitución establece, también, que "los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público".

Razones de la conmoción

Uribe dijo que tuvo que acudir a esta medida de emergencia porque durante el paro la Justicia ha dejado de fallar 120.751 procesos y 36.286 tutelas. Señaló, además, que tanto la Procuraduría y la Fiscalía habían solicitado medidas extraordinarias para garantizar la prestación del servicio de Justicia.

Para el Presidente "esto pone en peligro la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, cuyos hechos son expresión inequívoca de desestabilización y atentan de manera iminente contra el normal funcionamiento de las instituciones".

El Presidente dijo que recibió informes de la Fiscalía, según los cuales, varios delincuentes como los asesinos del niño de 11 meses, Santiago Lozano, los autores de la muerte de Liliana Gaviria (hermana del ex presidente César Gaviria) y el narcotraficante 'Miki Ramírez', estaban a punto de lograr su libertad, por inasistencia de los jueces.

Uribe advirtió que solo volverá a hablar con Asonal (el sindicato de los jueces) en mayo del próximo año, cuando se conozca el curso de la economía y el comportamiento fiscal del país.

Voces a favor y en contra de las facultades extraordinarias que tendrá el Gobierno

ALFREDO BELTRÁN
Ex magistrado de C. Constitucional


No hay fundamento en la Constitución para declarar la Conmoción. Esto no se puede manejar con decretos de alta policía.

DARÍO BAZZANI
Experto en derecho constitucional


El decreto que declara la Conmoción reúne los requisitos que exige la Constitución para otorgar esta facultad al Presidente.

CARLOS GAVIRIA
Presidente del Polo Democrático


No hay motivos que justifiquen la Conmoción. Si hay un hecho perturbador del orden público, de ese hecho es coautor el Gobierno.

ROBERTO GERLEIN
Senador conservador


El Gobierno no tenía alternativa. Los datos que el Presidente dio sobre las secuelas del paro son muy preocupantes.

JUAN MARTÍN CAICEDO
Presidente Cámara de Infraestructura


Es acertado. El Gobierno ha hecho esfuerzos fiscales para atender las demandas de la Justicia, pero no puede hacer más concesiones.

RAFAEL MEJÍA
Presidente de la SAC
.

Me parece que ya era hora de que se declarara el Estado de Conmoción. Un país no puede estar sin Justicia durante tanto tiempo.

'Esto va contra la imagen del país': Asonal Judicial

El presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández, calificó como "inconstitucional" la Conmoción Interior decretada y consideró la decisión del Gobierno como una estrategia para conjurar el paro de los trabajadores de la rama. Afirmó que la medida afecta es al país.
¿Qué piensa de la decisión del Presidente de decretar la Conmoción Interior?

La Conmoción es una figura para sofocar una situación grave del orden público y aquí no existe nada de eso. ¿A quién se le ocurre que un paro da margen para determinar que el Estado está en peligro inminente?

¿Por qué cree que el Gobierno tomó esa medida?

Es una manera de sofocar la movilización de los trabajadores judiciales.

¿Qué opina de las medidas anunciadas?

Solo tienen como objetivo reprimir la protesta. Entre ellas, la que busca la suspensión de los funcionarios que participan en el paro.

¿Qué pasa si nombran nuevos jueces?

Las medidas dirigidas a otorgar facultades a los notarios y a la modificación del Código de Procedimiento Civil son totalmente inconducentes en este momento.

¿Usted cree que la Conmoción afectará el paro?

Esto va es contra la imagen del país en el exterior, contra la inversión extranjera. Los inversionistas verán que el país está en conmoción interior declarada por el Jefe de Estado y supondrán que aquí estamos en guerra. Un panorama que no corresponde a la realidad.

¿De qué manera van a reaccionar los funcionarios en cese de actividades?

En asambleas informativas insistiremos para que se mantengan en paro. Sería un mal precedente para los movimientos sindicales que ante estas decisiones la gente saliera huyendo. Tendremos una reunión extraordinaria.

Así va el paro, que cumple 38 días

2.720 capturados han quedado libres por vencimiento de términos.

120.751 procesos, sin fallar.

36.986 tutelas están represadas.

25.284 audiencias regulares no se han podido llevar a cabo.

15.983 audiencias de legalización de capturas no se han podido llevar a cabo.

Corte tiene dos meses para revisión

El decreto que declara la Conmoción Interior llegó hoy a la Corte Constitucional para su estudio. El martes será designado el ponente. El tribunal tiene un lapso máximo de dos meses para resolver si este contradice la Carta Política. En el caso de que alguno de sus artículos vaya en contravía de la Constitución, estos podrán ser revocados. En ese caso la Corte determinará si se anula todo lo que se ha expedido bajo esa norma. El control se hará para todos los decretos que se emitan y en todos los casos se llamará a la Procuraduría para que rinda un concepto. Los ciudadanos también podrán hacerlo. Desde el momento que se expidan los decretos, su aplicación es inmediata y no necesitan el aval de la Corte.

Uribe había usado la conmoción

El 11 de agosto del 2002 Uribe decretó el primer estado de Conmoción Interior de su gobierno por alteraciones de orden público. Creó dos zonas de rehabilitación en 27 municipios de Sucre, Bolívar y Arauca, en las que se permitieron capturas, interceptación de comunicaciones y allanamientos sin orden judicial, lo cual fue limitado tres meses después por la Corte Constitucional.

El tribunal argumentó que los militares no podían cumplir funciones de policía judicial. Pasado el primer período de tres meses se extendió por otro más y en febrero del 2003 el Gobierno pidió al Congreso la prórroga hasta mayo de ese año.

A pesar de que el Legislativo apoyó la solicitud, la Corte Constitucional declaró inexequible la extensión y en consecuencia quedaron sin vigencia las zonas especiales de rehabilitación.

Pero otras normas, como la extinción de dominio y las penas para el robo de hidrocarburos y de gasolina, continuaron vigentes porque fueron convertidas en leyes por el Congreso.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Política
Fecha de publicación
9 de octubre de 2008
Autor

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