Con 15 días de arresto y el pago de una sanción económica fue sancionado, José Rozo Millán por haber incumplido el fallo de una tutela. Gobierno dice que hubo una ligereza del juez.

En manos de un magistrado de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Tunja se encuentra la confirmación o derogatoria de un fallo que ha causado revuelo en el Gobierno departamental.

A esa instancia fue remitida la decisión del Juez Promiscuo de Familia del circuito de Chiquinquirá, Bernardo Arturo Rodríguez Sánchez, quien sancionó al Gobernador, José Rozo Millán, como mandatario de Boyacá, con 15 días de arresto y una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el desacato a una tutela.

La situación se dio no solo porque durante dos años y medio el Gobierno les ha estado pagando de una forma tardía a los ex funcionarios del antiguo Hospital San Salvador de Chiquinquirá, sino porque esta ya era la séptima oportunidad en la que se desacataba este fallo.

En esta oportunidad una tutela ordenaba al departamento el pago de salarios antes del mes de agosto a Julio Garzón Núñez como servidor público del Hospital de Chiquinquirá, quien fue retirado de su puesto desde el año 1994 junto a unos 250 funcionarios más en un proceso de reestructuración del centro médico.

Todo empezó el 12 de agosto de 2005 cuando un juez ordenó por sentencia de tutela a la Gobernación de Boyacá el pago oportuno de los salarios desde esa fecha, e incluyó los que se habían dejado de pagar desde el 22 de noviembre de 2004, a Garzón Núñez quien además es el presidente del Sindicato de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas (ANTHOC) en esa ciudad.

Sea cual sea la decisión, esta no procedería por lo menos hasta después del domingo ya que el Gobernador Rozo viajó este martes hacia Canadá, a visitar a su hijo.

Por coincidencia, el viaje del mandatario se produjo el mismo día que el juez emitió su fallo y en la misma fecha que se realizaron los pagos a los ex trabajadores del centro médico.

Por su parte, Raúl Cely, quien se desempeña como Gobernador en encargo, aseguró que la medida no tiene ninguna repercusión sobre Rozo ya que los pagos por los que fue sancionado el mandatario eran girados en su totalidad por el Ministerio de la Protección Social hasta julio de 2008.

"Ese caso ha sido atípico pues hasta hace unos dos años no se tenía claridad de para quien trabajaban los ex empleados del Hospital San Salvador y el problema ha venido siendo heredado a varias administraciones", puntualizó Cely.

Añadió que este fallo tiene una obligatoria consulta en el Tribunal pero que no existe la posibilidad de que el gobernador Rozo sea arrestado.

"A pesar de que respetamos la decisión del juez no la compartimos porque se fundamenta en información inexacta ya que posterior al convenio que cita el fallo vino una adición al mismo que asignó recursos y permitió el pago efectivo de los mismos", aseveró.