La medida, según manifestó el presidente Uribe esta noche, busca superar la congestión en la administración justicia, no solo frente a esta situación coyuntural, sino de manera permanente.

De acuerdo con el Gobierno, los más de 35 días de paro judicial han provocado una "grave perturbación del orden público y social, porque la administración de justicia no se encuentra funcionando de manera normal y adecuada".

Por esta causa, según la Policía, han quedado en libertad más de 2.720 personas capturadas por homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes, entre otros.

El Gobierno facultó al Consejo Superior de la Judicatura para que cree, suprima, traslade, nombre y posesione a funcionarios que garanticen la prestación del servicio.

También se autoriza a la entidad para que suspenda a los funcionarios que participen en el paro.

Finalmente, se ordenó hacer todas las modificaciones presupuestales necesarias para cumplir con las medidas adoptadas.

El Gobierno reíteró, sin embargo, que mantiene la voluntad de diálogo con los funcionarios judiciales en paro.