La ponencia que presentarán los aliados al Gobierno elimina el control civil a las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia del Estado, como garantía para que no se repita el daño.

Los representantes Jorge Humberto Mantilla Serrano, del partido Conservador, y Fernando de la Peña Márquez, de Alas-Equipo Colombia, que tuvieron el apoyo del Gobierno para eliminar este control aprobado por el senado, advirtieron que no es conveniente, porque "se recuerda que las Fuerzas Militares están sujetas a múltiples controles".

La propuesta se hace en un momento en el que se sugiere una eventual participación de miembros de la Fuerza Pública en la desaparición de jóvenes de Soacha (Cundinamarca), cuyos cuerpos fueron hallados en fosas comunes en Ocaña (Norte de Santander) y Cimitarra (Santander).

El propio ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió que se investigaran estos hechos para establecer si hay militares involucrados.

Sobre la supresión del control civil a las acciones de la Fuerza Pública el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, dice que "para lograr la eficacia de las normas legales sobre protección de las víctimas, y muy particularmente para asegurar la no repetición de las conductas criminales, es indispensable el control social, así como el del propio Estado".

Para Hernández es evidente que "quitar garantías significa autorizar que sigamos en lo mismo, es decir, que las conductas lesivas de los derechos se vuelvan a presentar, por no ser suficientes los controles".

Y si bien suprimir el control civil a la Fuerza Pública será una de las propuestas más controvertidas en la Comisión Primera de la Cámara, no es la única. El otro cambio dejaría por fuera de la reparación a las víctimas del Estado.

El representante liberal Guillermo Rivera, coordinador de ponentes del informe que mantiene la esencia del proyecto aprobado en Senado, advirtió que los cambios buscan una norma muy por debajo de los estándares internacionales de reparación".

"¿Cómo se les explica después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional que en Colombia hay mecanismos para reparación de las víctimas de guerrillas y paramilitares y no de agentes del Estado?", se preguntó.

Y mientras el debate apenas comenzaba, representantes de 23 organizaciones sociales se quejaban de que la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara dio prioridad en la agenda al proyecto de reforma política y no al de las víctimas.

El proyecto original

1. Considera víctimas a quienes han sufrido daño de guerrilla, paras y Fuerza Pública.

2.Presume de la buena fe de la víctima y para ser considerada como tal basta con que presente certificado de una Personería, su denuncia ante la Fiscalía, etc.

3. Establece la reparación como un deber del Estado de garantizar los derechos humanos.

4. Como garantía de no repetición del daño considera, entre otros, el desmantelamiento de los 'paras' y el control civil de las Fuerzas Armadas, es decir que solo actúan por orden de autoridad elegida popularmente.

5. Diferencia la asistencia humanitaria de la reparación.

Así lo dejaron

1. Son víctimas solo quienes sufren daño de los grupos armados ilegales. Por tanto no hay víctimas del Estado.

2. Necesitan la decisión de un juez para ser consideradas víctimas. Esto contradice un reciente fallo de la Corte Constitucional según el cual la víctima no tiene que probar el daño sufrido.

3. Considera la reparación del Estado como un acto de solidari- dad, no de responsabilidad.

4. Excluye que las Fuerzas Armadas estén sujetas al control civil.

5. Considera la asistencia humanitaria como parte de la reparación.