Al enterarse que en su contra existía una orden de captura, Wilfredo Ruiz se presentó en el Comando del Ejército y fue trasladado a las instalaciones del Batallón de Policía Militar 13.

Según conoció este diario Ruiz se venía desempeñando como de regional de inteligencia militar número 8, cuya sede está en el Comando del Ejército, en Bogotá.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron hasta el lugar para legalizar la orden de detención expedida por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.

Según la Fiscalía "el oficial es investigado por homicidio agravado, concierto para delinquir y secuestro, delitos en los que supuestamente incurrió durante hechos ocurridos en Trujillo entre marzo y abril de 1990, cuando era teniente".

Al mismo tiempo, otro grupo del CTI detuvo en San Gil ( Santander) al suboficial (retirado) del Ejército Jairo Trejos Parras, quien también es requerido dentro del mismo proceso. Trejos fue trasladado a la sede la Fiscalía en Bogotá.

Tanto el coronel como el suboficial serán trasladados hoy a la Fiscalía donde comenzarán a ser escuchados en diligencia de indagatoria.

Estas detenciones hacen parte de las 20 órdenes de captura expedidas por la Fiscalía dentro del expediente por la masacre de Trujillo perpetrada por narcos y 'paras' en las que murieron entre 240 y 350 personas.

La Fiscalía espera en los próximos días hacer efectiva la orden de captura contra el coronel Hernán Contreras, quien fue jefe del Batallón Palacé, en Buga, a comienzos de los 90.

Alirio Urueña, otro coronel del Ejército, está detenido y llamado a juicio. Su expediente está en manos de un juez.

Según testimonios consignados en el expediente, algunos miembros de la fuerza pública colaboraron con los 'paras' y los sicarios del cartel del Norte del Valle en los crímenes y desapariciones.

Hace tres semanas fue detenido el ex presidente de la Asamblea del Valle Rubén Darío Agudelo Puerta, sindicado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio por omisión.

La Fiscalía está buscando a otra decena de miembros del Ejército y la Policía, la mayoría retirados, por los hechos de violencia que sacudieron al norte del Valle hace casi dos décadas.

REDACCIÓN JUSTICIA