Hoy en día, los afectados deben someterse a un proceso desgastante y a veces inútil, que los lleva a que a veces no denuncien.

Al primero al que las víctimas deben revelarle su situación es al celador del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales de Bogotá. "Vengo a denunciar", responden las 10 mujeres que en promedio llegan al día.

En la oficina del CTI de la Fiscalía, una funcionaria, acostumbrada ya a las tantas historias de tocamientos, groserías y penetraciones, recibe la denuncia. Al otro lado, la víctima, para nada acostumbrada, revela los detalles. "¿Usaba minifalda o algún escote? ¿Hizo usted algo para propiciar el abuso? Yo le hablo así, porque a este tipo de preguntas se tendrá que enfrentar en el juicio", le dice.

Natalia, una mujer de 26 años que fue violada por un antiguo amigo del colegio, dice que quería denunciar pero eligió no hacerlo porque no quería enfrentarse a un juicio público, ni provocarle una humillación a su familia, ni ver de nuevo al victimario.

"Tiene que traer a su familia para que testifique", le explicó la funcionaria del CTI de la Fiscalía. Aunque ella asegura que quiere ahorrarle el dolor a su mamá, le contestan que no se puede hacer nada. "¿Mi familia tiene que decir si soy decente y por eso no merecía la violación?", le preguntó Natalia.

María Consuelo Arenas, asesora de la Defensora Delegada de
Niñez, Juventud y Mujer de la Defensoría del Pueblo, explica que, según la Corte Constitucional, a ninguna mujer se le puede traer su pasado sexual para justificar una violación. "No hay conexidad que diga que si la familia presenta el testimonio de que es una mujer pulcra entonces sí se le cree que la violaron. Son los operadores de justicia los que tienen que hacer la investigación. Cuando las mujeres denuncian, ellos pretenden que lleven todas las pruebas, si no, no hay nada qué hacer".

Solo el 20 por ciento denuncia

Las víctimas de abuso sexual, en el nuevo sistema penal, deben ir a un juicio oral en el que ven al abusador y además, tienen que contar su testimonio frente a quienes quieran oírlo, porque las audicencias son públicas.

"No podemos pasar por alto que el maltrato institucional puede contribuir a agravar el daño sicológico de la víctima o a hacer crónicas las secuelas sicopatológicas", dice un informe de la Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer de 2007.

Luis Prada, médico de Medicina Legal, hace evidentes otras cifras preocupantes.

En el primer año de implementación del sistema penal acusatorio en Bogotá y el Eje Cafetero (2005) la Fiscalía recibió 13 mil denuncias de abuso sexual; en 7 mil hubo conciliaciones, 2 mil precluyeron (terminación del proceso, que se da como cosa juzgada) y de los 4 mil casos restantes, 48 fueron a juicio y solo 4
recibieron sentencia condenatoria. "4 de 13 mil. Es decir, al 97,7 por ciento de qué le sirvió denunciar y someterse a todo este proceso traumático. ¿Qué es lo que les estamos ofreciendo a estas personas? Poco".

María Eugenia Gómez, abogada experta en temas de abuso sexual, explica que cuando una persona acude a una Comisaría de Familia a denunciar, no se toman medidas inmediatas, como prohibir la cercanía con la víctima. "Se empieza el proceso, pero el abusador está libre y la Fiscalía se toma su tiempo para calificar el delito. Mientras tanto, la persona dice: yo para qué denuncio si el abusador sigue libre y no pasa nada".

Como el que abusó de Natalia. Contra él no pudo hacer nada, porque hasta se llevó su ropa interior. Seguro no es principiante. Y sin pruebas, su testimonio carece de verdad. Puede que en este instante él lea el periódico, luego lo deje a un lado, y siga en su trabajo, como todos los días. O quizás hará una llamada y ultimará los detalles para su próxima cita. Ella seguirá yendo a los 15 minutos de consulta sicológica que le da la EPS cada semana, aunque dice que es poco tiempo para volver a confiar, para regresar a su casa, recordar lo que pasó y no volver a llorar.

La Defensoría del Pueblo y Profamilia asesoran a las víctimas

La Defensoría del Pueblo acompaña a las mujeres que han sufrido un abuso, cuando los procesos judiciales son lentos. Sus funcionarios hacen una intervención para que sean más ágiles, "porque se vela para que los derechos humanos sean reestablecidos", explica María Consuelo Arenas, asesora de la defensora Delegada de Niñez, Juventud y Mujer. La Defensoría tiene oficinas en todo el país.

Las víctimas de abuso sexual pueden denunciar en estaciones de Policía, URI, Comisarías de Familia y los Centros de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales en ciudades como Bogotá, Ibagué o Villavicencio, en donde se agrupa a todas las entidades encargadas de atender este tipo de casos.

Profamilia lanzó la semana pasada la campaña 'A viva voz...Avise', para motivar a las víctimas a denunciar. Según la directora ejecutiva María Isabel Plata, "hay que desterrar el silencio". La entidad ofrece asistencia psicológica, médica y orientación jurídica y gratuita las 24 horas del día, todos los días. Buscar ayuda en las primeras 72 horas después de ocurrida la violación es fundamental, para garantizar anticoncepción de emergencia y recoger las pruebas. La línea de atención es 01 8000 110 900 o el correo info@profamilia.org.co

Hay 200 mil firmas en Internet

La concejala de Bogotá Gilma Jiménez, una de las promotoras de la iniciativa que busca modificar la Constitución, para imponer cadena perpetua a los violadores de niños, asegura que ya van más de 200 mil inscritos en la página web, que recibe un promedio de 3 mil visitas diarias. "Es maravilloso ver que un país, a pesar de las diferencias, se une por una causa común", manifestó. El 21 de octubre, estudiantes universitarios recogerán firmas por varias universidades del país. La meta es recoger 3 millones para el próximo 10 de diciembre. [*]Para firmar ingrese a: www.firmemospornuestrosninos.com

Desde marzo del 2006 la Defensoría del Pueblo convocó a la creación de la 'Mesa por una Ley Integral por el Derecho de las Mujeres a una Vida Digna Libre de Violencias', de la que hicieron parte 40 instituciones, entre organizaciones de mujeres, organizaciones defensoras de derechos humanos, academia y entidades del Estado. La iniciativa llevó a la creación de la Comisión Accidental Bicameral por la Defensa de los Derechos de la Mujer en Colombia del Congreso de la República, conformada por mujeres. El trabajo de dos años llevó a la presentación de un proyecto de ley, que hoy espera la sanción presidencial, para sensibilizar, prevenir y castigar la discriminación y la violencia contra la mujer.

La ley contempla la obligación del Estado de ofrecer atención integral a las víctimas con sistemas de calidad y fácil acceso; obliga a las EPS a tener médicos de ambos sexos para que la mujer escoja quién la atenderá, además de mantener la reserva de su identidad y la de su familia. Según el articulado, el Estado debe capacitar a los funcionarios encargados de recibir las denuncias y tratar a las víctimas, así como a crear estrategias de prevención y aumentar la sanción social para los victimarios. Otro avance importante es que define el acoso sexual y lo penaliza con prisión de uno a tres años.

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, afirma que "la Defensoría ha venido recomendando, cada vez que puede, en foros y diversos espacios, que se eliminen las barreras de acceso que enfrentan las mujeres desde el momento en el que van a denunciar. Esta ley permitirá la remoción de obstáculos de tiempo atrás. Si estos actos de violencia no son ejemplarmente castigados, la impunidad de la violencia contra las mujeres a su vez generará más violencia".

EDNA JULIANA ROJAS H.
REDACTORA EL TIEMPO