La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció también que esas organizaciones han asesinado a ex combatientes de las desmovilizadas AUC por negarse a retomar las armas.

El jefe de la misión de apoyo de la OEA, Sergio Caramagna, reveló esta información en la ciudad de Apartadó (noroeste de Colombia), donde encabezó la graduación de 150 desmovilizados de las AUC capacitados por el Gobierno en diversas áreas.

Las zonas donde los nuevos paramilitares ejercen mayor presión a los jóvenes para reclutarlos son en Urabá y en barrios marginales de la ciudad de Medellín (noroeste), así como en los departamentos de César y Magdalena (norte).

"Hay algunos lugares en las comunas de Medellín, que es un tema preocupante, y en otros lugares como el César y Magdalena", áreas que se han convertido en zonas de riesgo y territorios de disputa de las nuevas estructuras de delincuentes, dijo Caramagna.

Afirmó, asimismo, que la misión de la OEA en Colombia tiene reseñados varios casos de desmovilizados de las ultraderechistas AUC que fueron asesinados por negarse a integrar las nuevas bandas, en especial en el departamento de Antioquia, donde se ubica Urabá y Medellín.

Por su parte, el director de la oficina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento de Córdoba (noroeste), Eduardo Tous, confirmó que se están investigando denuncias sobre reclutamiento de menores en esa región.

"Hay unas alertas tempranas que se han hecho de un informe de la vicepresidencia y del ministerio de Justicia en el que estamos tratando varios temas. Aparentemente en barrios como Cantaclaro se está realizando el reclutamiento de menores", dijo a Tous a los periodistas.

Las AUC y el Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, llevaron a cabo un proceso de paz entre 2003 y 2006 que concluyó con la disolución de la organización y la desmovilización de unos 31.000 combatientes, al amparo de la Ley de Justicia y Paz.

Sin embargo, en mayo pasado, el Gobierno concedió la extradición a Estados Unidos de catorce ex cabecillas paramilitares reclamados en ese país por narcotráfico, entre ellos Salvatore Mancuso, el que fuera jefe máximo.

Esta medida despertó una gran polémica al considerar que no se estaban respetando los compromisos adquiridos en esa ley.

Con EFE