El ministro del Interior, Fabio Valencia, les propuso a los empleados de la Justicia una suma de 66 mil millones de pesos, que sería entregada en cinco años, suma insuficiente para el sindicato.

El Gobierno había comenzado la semana con 50 mil millones de pesos y tenía pensado subir hasta 10 mil millones de pesos más.
Fabio Hernández, presidente del sindicato, pidió 250.000 millones de pesos, lo que no fue aceptado por el Gobierno.

A las 4 de la tarde del viernes se levantó la mesa de concertación y el sindicato decidió mantener el cese de actividades que hoy cumplirá 18 días.

"Desafortunadamente la propuesta del Gobierno no varió considerablemente. Proponemos una nivelación salarial modesta", afirmó Hernández. El ministro Valencia Cossio, mientras tanto, dijo que que la suma del Gobierno es un "gesto de buena voluntad, ante las dificultades fiscales por las que pasa la Nación".

Se acordó otra reunión para el próximo martes; pero el punto de partida es que Asonal Judicial acepte negociar la oferta del Gobierno.

El magistrado Jesael Giraldo, presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, reiteró que se mantiene la posibilidad de no desembolsar los pagos de septiembre a los funcionarios que pararon o que fueron a los despachos y no atendieron.

Otra de las medidas frente al paro es que los tribunales superiores de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Tunja establezcan este fin de semana 20 jueces de garantías y de conocimiento. En Bogotá serán 12 para que atiendan todo tipo de tutelas.

Cien funcionarios atenderán plan de contingencia

La tensa calma que se vivía en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, en el occidente de Bogotá, se rompió ayer a las 5 de la mañana cuando la Policía entró a las instalaciones. Así ocurrió también en Paloquemao, Usaquén, Ciudad Bolívar y Kennedy.

Según la Judicatura, por orden de la Fiscalía se trasladaron estas URI, con expedientes y detenidos, a la estación de Policía de Los Mártires (carrera 24 con calle 12), en el centro de Bogotá, donde se atenderán denuncias y se harán audiencias.

Allí, unos cien funcionarios judiciales, entre fiscales y personal del CTI, el DAS y la Sijín, hicieron desde las primeras horas de la mañana las diligencias que habitualmente tienen desarrollo en las cinco URI de la capital del país afectadas por el paro judicial.

Varias oficinas de la estación de Policía fueron habilitadas para las labores de cinco fiscales y un juez. También hay defensores públicos y representantes de la Procuraduría. Hernández calificó la medida de la Policía en las URI como "absurda".

"Es un acto de violencia para los trabajadores. Vamos a denunciar este hecho ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ante la comunidad internacional", advirtió Hernández.

El martes, Asonal también pedirá que se garantice la seguridad de fiscales y jueces, sobre todo en aquellas zonas del país donde algunos tienen riesgos por amenazas que hacen los sindicados.

Provisionales, otro punto difícil

El otro tema espinoso en la reunión del martes será la insistencia en que los funcionarios judiciales en provisionalidad, especialmente los fiscales, lleguen a los cargos sin pasar por concurso de méritos.

Esta discusión la está llevando a cabo el sindicato con la Sala Administrativa de la Judicatura, que se mantiene en que debe haber concurso. Sin embargo, como lo admitió Asonal Judicial, están en conversaciones con congresistas para que incluyan a la Rama en la reforma constitucional que está en curso. Buscan que los provisionales con más de tres años en sus cargos puedan ingresar al régimen de carrera sin hacer pruebas.