El documento de la ONG denuncia que durante ese tiempo, los derechos humanos retrocedieron y la democracia y las instituciones se debilitaron.

Además del chileno José Miguel Vivanco, Caracas expulsó a su acompañante, el estadounidense Daniel Wilkinson, por, según un comunicado de la Cancillería, "violar la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela".

El Ministerio de Relaciones Exteriores los acusa de agredir la "democracia venezolana" y de inmiscuirse "ilegalmente en los asuntos internos" del país.

En el comunicado, se aclara que "hacer respetar la soberanía nacional y garantizarle a las instituciones y al pueblo su defensa frente a agresiones de factores internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de los Estados Unidos de América, que tras el ropaje de defensores de los Derechos Humanos, despliegan una estrategia de agresión inaceptable" para Venezuela.

Según el documento, de 267 páginas, "Chávez ha buscado activamente proyectarse como un defensor de la democracia (...), su presunto compromiso con esta causa es contradictorio con el desprecio, por parte de su Gobierno, de garantías institucionales y derechos fundamentales".

El título del informe es 'Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela'.

Incluye casos que han marcado la administración del presidente -la cual cumplirá 10 años este diciembre- y que Human Rights Watch (HRW) agrupa en cinco áreas: promoción de la discriminación política, irrespeto a la separación de poderes, a los medios de comunicación, a los sindicatos y a las organizaciones no gubernamentales.

En rueda de prensa, Vivanco, que es el director ejecutivo para las Américas de HRW, matizó que "Venezuela no es el país donde más se violan los derechos humanos en la región", pues están Colombia y Cuba, que son un "caso único en Latinoamérica".

"El conflicto armado colombiano sigue siendo uno de los problemas más serios desde el punto de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en todo el continente", dijo el chileno. Por otro lado, "en Cuba se niega la existencia de espacios mínimos para el debate político".

Listas negras y justicia comprada

Sin tapujos, el documento afirma que tras el golpe de Estado de abril de 2002, el presidente Chávez se convirtió en un presidente "de facto" para el cual "la discriminación política ha sido una característica definitoria", incentivada a conveniencia.

La industria petrolera venezolana ha sido, para HRW, el máximo escenario en el que se ha desplegado esta política. Y es que además del despido masivo (sin derecho a reclamar los ahorros que les concede la ley) de unos 19 mil trabajadores de Pdvsa por participar en la huelga de finales del 2002, el informe expone con pruebas cómo desde esa empresa se giraron instrucciones a compañías subsidiarias y filiales a no emplear a alguno de los expulsados.

Algo similar ocurrió en otras dependencias estatales luego de que llegaran al partido de gobierno -por intermedio del diputado chavista Luis Tascón- los nombres y números de identificación de quienes firmaron solicitando el referéndum revocatorio presidencial de agosto del 2004.

HRW documenta cómo cientos de empleados públicos fueron despedidos por haber aparecido en la famosa 'lista Tascón' o en la aún más depurada 'lista Maisanta', y hasta cómo fue anulada la participación de cooperativas en contratos con el Gobierno cuando se encontró a alguno de sus miembros como firmante.

Esto a su vez generó discriminación por parte de empresas que contrataban con el Estado, por medio a represalias. Estas, al buscar personal llegaron a publicar avisos para candidatos que "preferiblemente, no esté señalado como de oposición, que no esté presente en las listas públicas como enfrentado con el Gobierno y que sea afecto a él", como dice un anuncio de la empresa Tricas de Venezuela, compilado por HRW.

El irrespeto del gobierno venezolano a la separación de poderes concentra gran parte del informe de HRW, que consideró especialmente grave la modificación de la ley que le permitió al parlamento aumentar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia -instancia máxima del Poder Judicial- de 20 a 32 con votación de mayoría simple, y no con las 2/3 partes del parlamento como establece la Constitución nacional.

Sin dejar de reconocer que la corrupción era un flagelo enquistado en las cortes venezolanas aún antes del gobierno del presidente Chávez, el informe fustiga: "Cualquiera fuera la justificación, sin embargo, el impacto del aumento en la cantidad de magistrados sobre la independencia del poder judicial fue clarísimo. Permitió (...) alterar radicalmente el equilibrio de poder dentro del máximo tribunal del país".

Poco más adelante, señala que a partir de este cambio el TSJ ha retrasado, anulado o simplemente ignorado decenas de casos y sentencias promovidas por críticos al Gobierno nacional.

Bocas cerradas, menos una

El documento también expone con dureza cómo el gobierno del presidente Chávez ha "abusado del control estatal sobre las frecuencias de radio y televisión para amenazar y discriminar a estaciones con una programación claramente crítica" -como claramente lo demostró el cierre de RCTV-, y ha ampliado la posibilidad, a través de la creación y modificación de leyes más punitivas y redactadas en términos imprecisos, de que se cometan delitos de expresión.

Esto último, según HRW, camina a contravía del derecho internacional, tendiente cada vez más a eliminar o atenuar las penas por delitos de este tipo.

Los casos concretos resaltados, además del cierre de 'RCTV' y la confiscación de sus equipos sin que se hiciera efectivo algunos de los amparos introducidos por la empresa son: las constantes presiones al canal de noticias 'Globovisión' (a través de multas millonarias y cartas amenazantes), las agresiones a periodistas (la Corte Interamericana estudia 64 casos), la apropiación estatal de frecuencias radioeléctricas (como ocurrió con el canal Vale TV) y las famosas "cadenas" o transmisiones conjuntas y obligatorias de mensajes presidenciales todas las estaciones de radio y televisión.

Sobre estas últimas, HRW expone los datos de un informe que señala que en nueve años de gobierno el presidente Chávez ha ordenado 1.710 de estas transmisiones, en las que, si se suman los tiempos, el Presidente habló 43 días seguidos.

Intervenir, desacreditar

Por último, el informe detalla cómo desde el gobierno se ha ejecutado una política de intervención en las elecciones de las juntas directivas de los sindicatos (las cuales ahora deben realizarse tuteladas por el Consejo Nacional Electoral) para retrasar las mismas y negociar las contrataciones colectivas con sindicatos pro-oficialistas.

Una lista de representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales perseguidos judicialmente -o desacreditados verbalmente- también forma parte del documento de HRW el cual propone, al finalizar cada capítulo una serie de recomendaciones. Casi todas exponen la necesidad de que el gobierno venezolano "rectifique", "acabe con la discriminación" y "revierta" procesos que hoy en día forman parte del paisaje para los venezolanos.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
CARACAS