Se trata del predio El Porro, compuesto por 700 hectáreas ubicadas en Palmira, corregimiento de Tierralta, en el sur del departamento de Córdoba.

La entrega, realizada ayer, fue incluida en el proceso de reparación a las víctimas de las autodefensas, y contó con la presencia de representantes de la Comisión Nacional de Reparación, Defensoría del Pueblo, OEA, Policía y Ejército.

El fiscal ocho de la Unidad de Justicia y Paz, Leonardo Cavana, fue el encargado de notificar y hacer entrega oficial de las escrituras a los campesinos, que fueron citados a las 10:00 de la mañana en el predio para el acto oficial.

A cada una de las familias le fue entregada la escritura de 17 hectáreas de tierra, que desde ayer pueden utilizar como lugar de residencia, cría de animales y cultivo de productos pancoger.

El fiscal Cavana dijo que Mancuso aceptó ante su despacho la responsabilidad por el desplazamiento, intimidación y despojo de esas tierras.

Luego del proceso de reconocimiento de las víctimas y de las pruebas de supervivencia, les fue asignada a cada uno de los parceleros las tierras que hacen cerca de 10 años tuvieron que vender a 4 millones de pesos la hectárea.

Gustavo Arturo Goes Otero recibió las escrituras con felicidad, pero al mismo tiempo con temor por la suerte que pueda correr su familia en adelante.

"A mi me mataron dos hijos cuando me obligaron a vender, y no quiero que me vuelvan a matar a otros hijos", dijo Goes, quien le pidió al fiscal Cavana mayores garantías de seguridad en la zona.

El delegado de la Comisión Nacional de Reparación, Edgardo Porras Mendoza, celebró la entrega de las tierras y dijo que este es el segundo proceso de reparación a las víctimas en Córdoba, luego de la entrega de la finca Costa de Oro, donde fueron beneficiadas 59 familias.

Explicó que la restitución es el primero de los cinco pasos que incluye el proceso de resarcimiento a las víctimas de la violencia de los paramilitares.

Quedan pendientes la rehabilitación social, jurídica y moral como segundo paso del proceso.

Los tres eslabones siguientes serán la compensación económica por los daños materiales y morales; la reparación simbólica, que consiste en el perdón y olvido; y finalmente el derecho a garantías de protección y de no repetición de los actos violentos en su contra.

"Todos estos puntos deberán ser garantizados y cumplidos por la Unidad de Justicia y Paz, con el acompañamiento de las instituciones comprometidas como son la CNR, la OEA, Defensoría del Pueblo y autoridades", explicó Porras.

GUDILFREDO AVENDAÑO M.

Especial para EL TIEMPO

TIERRALTA (CÓRDOBA)