"Este servicio esencial no se puede interrumpir ni mucho menos detener, tal como ya lo han señalado las respectivas autoridades", dijo el defensor regional, Andrés Santamaría.

Hoy la Defensoría Pública tiene a su cargo más de 9.400 procesos activos, de los cuales el 60 por ciento corresponden al sistema penal acusatorio y  los defensores públicos encargados participar de las audiencias de control de garantías han sido asignados a las Casas de Justicia de Siloé y aguablanca respectivamente. 

En un pronunciamiento, el funcionario señala que "el atentado terrorista del día de ayer ha puesto en dificultades a las autoridades encargadas de administrar justicia en la ciudad de Cali, muchas de las instalaciones del palacio de justicia (incluidas dos oficinas asignadas al sistema de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo) quedaron fuera de servicio y en esas condiciones resulta imposible brindar un servicio adecuado".

Y anota que "independiente del grave daño ocasionado a la sede de la justicia, es preciso que se adopten todas las medidas que permitan cumplir con la obligación de impartir justicia. Para lograr ese objetivo, la rama judicial de la región cuenta con todo el respaldo y apoyo de la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca".

Santamaría dijo que "de la misma manera, la comunidad debe ser ampliamente informada sobre las decisiones y medidas que se adopten para prestar el servicio, hacia donde se trasladaran los despachos judiciales, los lugares o sitios donde se podrán adelantar las respectivas diligencias y los mecanismos con los que contara la comunidad para acceder al sistema judicial".