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Protestas ante Embajada de Colombia por mexicanos muertos en bombardeo de campamento de 'Raúl Reyes'
Familiares de las víctimas y una treintena de activistas se manifestaron frente a la sede diplomática colombiana en Ciudad de México.
"¡Uribe, asesino, mataste a nuestros hijos, pagarás con la sangre de tus hijos!", gritó frente a la sede diplomática Rita Del Castillo, madre del joven Juan González, muerto en el ataque que el 1 de marzo acabó con la de una veintena de personas, entre ellas la del "número dos" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alias "Raúl Reyes".
Junto a González perecieron otros tres jóvenes mexicanos, que se hallaban en el campamento de los insurgentes en calidad de "estudiantes", según sus familiares.
El bombardeo provocó un incidente internacional entre Ecuador, Colombia y Venezuela.
Aunque el apoyo del Gobierno de Felipe Calderón a la lucha contra el terrorismo de Colombia ha sido fuerte, en el caso puntual de los mexicanos que murieron en el campamento de 'Reyes' ha tomado distancias, al menos oficialmente.
Discusión jurídica y política
El Gobierno de Colombia sostiene que tanto 'Reyes' como las personas que estaban en el campamento ubicado en la frontera con Ecuador, bombardeado por la Fuerza Aérea el primero de marzo pasado, eran objetivos de guerra válidos.
Colombia incluso envió a México un 'dossier' sobre las actividades subversivas de los ciudadanos de ese país que estaban con 'Reyes', incluida Lucía Morett Álvarez.
Familiares de los mexicanos y organizaciones sociales sostienen que los muertos estaban con 'Reyes' por asuntos académicos y que fueron víctimas de una acción ilegítima.
La Organización de Estados Americanos condenó la incursión colombiana en Ecuador, pero también la presencia de las Farc en ese país.
Los padres de la única superviviente mexicana, Lucía Morett, exigieron que se retire la denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República contra su hija, quien se encuentra refugiada en Nicaragua en calidad de asilada política del gobierno que preside Daniel Ortega.
"Lucía es la voz de los asesinados", dijo su padre, Jorge Morett, a los medios. "Ella va a regresar cuando haya seguridad", añadió.
Según los familiares, la denuncia presentada por una organización civil de tinte conservador contra Morett por terrorismo, entre otros cargos, carece de fundamento legal por estar basada únicamente en noticias periodísticas y en "mentiras".
Por ello piden que la Procuraduría desista de su potestad de ejercer acción penal.
Los familiares también lanzaron gritos acusatorios contra el Gobierno mexicano por no pedir responsabilidades por la muerte de los jóvenes.
"¿Por qué no nos han hecho caso? ¿Porque no eran hijos de ricos?", criticó entre lágrimas Ana María Ramírez, madre de Verónica Velásquez, muerta en el ataque.
La mujer se refirió así a la movilización de las autoridades mexicanas y de la sociedad civil tras el secuestro y asesinato por delincuentes del joven de 14 años Fernando Martí, hijo del prominente empresario deportivo Alejandro Martí.
El hallazgo del cadáver propició una ola de indignación social que llevó a las autoridades de todo el país a firmar un pacto contra el crimen hace menos de dos semanas y que tuvo su punto culminante el sábado con marchas que sacaron a la calle a cientos de miles de personas en unas 70 ciudades mexicanas, quienes protestaron contra la inseguridad bajo el lema "Iluminemos México".
Los activistas congregados hoy frente a la Embajada de Colombia entregaron una nueva petición de información sobre las investigaciones a un representante diplomático de la nación suramericana y anunciaron que denunciarán a quienes resulten responsables de las muertes.
Asimismo, llamaron a realizar una campaña de protesta bautizada "Cada uno por los Derechos Humanos", que incita a protestar cada 1 de mes frente a los consulados colombianos en varios países por sus presuntas violaciones a esos derechos.
Efe
- Publicación
- eltiempo.com
- Sección
- Justicia
- Fecha de publicación
- 1 de septiembre de 2008
- Autor
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