Una portavoz del Centro Médico Trinity en Carrollton dijo que el hospital simplemente estaba siguiendo sus normas y tenía la responsabilidad de reportar a las autoridades una posible actividad delictiva, incluyendo posible robo de identidad.

Durante otro año marcado por varias redadas espectaculares contra indocumentados y las compañías que les contratan, el caso motiva interrogantes sobre lo que pueden o deben hacer las empresas si descubren que un solicitante no está autorizado a trabajar en Estados Unidos.

Martínez, una madre soltera con un niño de tres años y una hija de 19, mostró al director de la cafetería del hospital una tarjeta de seguridad social cuando solicitó empleo allí en julio e incluyó además el número de la tarjeta en su solicitud, según un reporte policial.

Una semana más tarde, un chequeo de antecedentes reveló que ese número correspondía a una persona que había muerto.

El director de personal del hospital informó a la policía de Carrollton sobre la discrepancia. Los detectives también fueron notificados de que Martínez tenía una cita al día siguiente en la oficina de recursos humanos del hospital, dicen documentos del caso.

La policía estaba esperando en el hospital cuando llegó Martínez, a quien arrestó bajo un cargo de alterar un documento oficial.

De acuerdo con la policía, Martínez admitió haber comprado la tarjeta de seguridad social por 110 dólares. Dijo además que tenía una segunda tarjeta de seguridad social y dos tarjetas falsas de residente permanente.

Martínez iba a pelear el cargo inicialmente, pero tras estar en la cárcel durante tres semanas decidió aceptar su deportación a México en agosto. Su hijito se le sumó en México.

''Ella me dijo que la perdonase, que no tenía suficiente fuerza para pelear'', dijo la hija de Martínez, quien habló a condición de anonimato porque vive en Estados Unidos sin papeles de residencia legal.

Lo que hace resaltar el caso es que las empresas no están obligadas por ley a reportar a alguien que sospechan está cometiendo un delito, dicen abogados. Tampoco tienen que reportar a un trabajador o solicitante de trabajo sospechoso de estar ilegalmente en Estados Unidos, dicen abogados de inmigración y funcionarios del orden.

El portavoz del servicio de inmigración y aduanas Carl Rusnok concuerda, diciendo que las empresas y las policías locales típicamente no tienen el entrenamiento necesario para determinar si alguien está ilegalmente en el país.