Dirigentes de la oposición política a Morales acusaron al mandatario de "llamar a la guerra civil", con la convocatoria por decreto al referendo constitucional para el 7 de diciembre.

Ese día, paralelamente se realizará otro referendo para definir la extensión legal de las propiedades rurales (entre 5.000 y 10.000 hectáreas), una medida que afectará principalmente a los ricos hacendados del oriente boliviano.

"La acción del Gobierno es un golpe a la democracia, un llamado a la guerra civil y está casi decretando la división de Bolivia", sentenció el ex presidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001 2002) y líder de Podemos, la principal fuerza de la  oposición en el Congreso boliviano.

A su juicio, y con el que coinciden los líderes opositores, Morales "está en función de dictador y no de Presidente Constitucional", además de acusarlo de seguir el "estilo de Fujimori" en alusión a las acciones que tomó el ex presidente peruano en 1992 para cerrar por decreto el Congreso de su país.

El prefecto de Santa Cruz (este), Rubén Costas, cabeza visible de la oposición coincidió en que, con esa determinación, "el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha sepultado por decreto la democracia boliviana, demostrando su talante autoritario, buscando la eternización en el poder".

Costas, que suele referirse en sus discursos a las acciones de Morales como acciones del "fundamentalismo aymara", aseguró que el mandatario indígena "sepultó toda posibilidad de reconciliación entre bolivianos" e ignoró a la Iglesia y a la OEA, instituciones a las que los opositores habían pedido mediar en el conflicto.

Los enfrentamientos

Precisamente en Santa Cruz (este) se registró el viernes el primer brote de violencia política cuando grupos radicales afines al poderoso comité civil-empresarial y de adeptos al gobernante izquierdista se enfrentaron con un saldo de varios heridos, según mostraron imágenes de redes privadas de televisión.

Las agresiones con piedras y palos se produjeron cerca de la plaza de armas a donde intentaron llegar los partidarios de Morales para festejar la convocatoria al referendo aprobatorio de la nueva Constitución, acción impedida por los jóvenes autonomistas.
 
"No queremos a esta raza maldita en nuestra tierra" gritaban los jóvenes autonomistas, según reseña el diario La Prensa, en una señal de que la confrontación está marcada por fuertes tintes de racismo.

Ya en noviembre del 2007, Rodolfo Stavenhagen, Relator de la ONU para los pueblos indígenas expresó su preocupación de que el conflicto político que vive actualmente Bolivia pueda dar lugar a la emergencia del racismo.

La confrontación se produce entre las ricas regiones de los llanos orientales y los valles, y las regiones pobres emplazadas en los Andes.

Otro brote de violencia política se registró en la localidad de Villamontes, en el sureste de Bolivia y cercana a la frontera con Argentina, donde también chocaron oficialistas y opositores con el telón de fondo de un reclamo por la devolución de una renta regional confiscada por el gobierno para pagar una renta de vejez pero marcada también por la pugna política.

Mientras el clima político se tensiona aún más con anuncios de las cinco regiones opositoras, de las nueve del país, de tomar de manera conjunta una "fuerte decisión", el presidente boliviano viajó a Libia e Irán para cumplir visitas oficiales a estos dos países con los cuales estableció relaciones diplomáticas.

LA PAZ
AFP