En el mapa mundial de cáncer de cuello uterino, una enfermedad asociada al subdesarrollo y a la pobreza, Colombia ocupa un deshonroso lugar entre las naciones de alto riesgo y mortalidad.

Se trata de un mal que puede prevenirse con acciones de salud pública sencillas y costo-efectivas, como la promoción del uso del condón, para prevenir la transmisión del virus del papiloma humano (causa principal de este cáncer), y la práctica de citologías para detectarlo en forma temprana y salvar muchas vidas.

Por eso, es alarmante el hecho de que, tras una serie de visitas a sitios en los que se toman y procesan las muestras de citologías en todo el país, el Instituto Nacional de Salud (INS) haya encontrado que el 70 por ciento de ellos no cuentan con los controles de calidad exigidos.

En consecuencia, según el mismo análisis, los resultados de por lo menos uno de cada diez exámenes de este tipo que se toman hoy no son confiables. En otras palabras, cada año 120.000 mujeres que se practican esta prueba no saben a ciencia cierta si tienen cáncer o no. Si le añadimos el subregistro, la dimensión del problema es mayor.

Si ya es difícil que las colombianas se sometan periódicamente a la citología, por problemas culturales, barreras de acceso, incomodidad o descuido, es vergonzoso tener que decirles a quienes sí se la hacen que esta no es del todo confiable. En un país en el que se registran cada año, en promedio, 5.000 nuevos casos de este cáncer prevenible y 2.300 muertes, es ilógico que solo seis secretarías de Salud (Bogotá, Antioquia, Huila, Nariño, Caquetá y La Guajira) mantengan controles continuos de calidad para estas pruebas.

Este es solo uno de los aspectos de salud pública que causan alarma en el país y a los cuales ya se han referido distintas instancias, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los gremios y la Corte Constitucional, que la semana pasada produjo una sentencia histórica, que sería la base para la reorganización del sistema de salud y la consecuente solución de las fallas graves, en materia de inspección, vigilancia y control, del sector.

El INS, alarmado por el alto índice de fallo en citologías, puso en marcha un curso de capacitación para quienes toman y procesan estas muestras en 19 departamentos, y lanzó una guía con lineamientos básicos, cuya aplicación, por parte del personal de salud, busca disminuir los errores al máximo.

Aunque eso está bien, es insuficiente, pues la lógica del sistema de salud dicta que las EPS, todas las secretarías de salud, los hospitales y los laboratorios deben garantizar la calidad de la cadena de manejo de estas pruebas; no puede perderse de vista tampoco el hecho de que estas entidades son corresponsables de las malogradas labores de promoción y prevención, entre las cuales la práctica de la citología ocupa, en cualquier sistema de salud, un lugar importante.

Sorprende el silencio de la Superintendencia Nacional de Salud en este y en otros temas que ponen en grave riesgo la salud de muchos colombianos. ¿No es esta entidad el órgano de control por excelencia del sector? Parece haberse convertido, desde hace tiempo, en una dependencia del Ministerio de la Protección Social, justamente el ente al que debe vigilar.

Es urgente que se tomen correctivos integrales, pues las colombianas merecen tener la certeza sobre los resultados de los exámenes que se hacen. Esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

editorial@eltiempo.com.co