Las únicas dos empresas que se presentaron a esta licitación tendrán plazo hasta el 5 de septiembre para exponer las razones por las que no llenaron los requisitos que exigía el Distrito

Esta situación retrasará uno de los proyectos bandera de Luis Bernardo Villegas, que pretendía obtener 1 billón de pesos en los próximos cuatro años detectando electrónicamente a los conductores que violan las normas en las vías. 

Así las cosas, los dispositivos electrónicos de detección de infractores, uno de los principales proyectos del secretario de Movilidad, Luis Bernardo Villegas, para mejorar el recaudo de las multas de tránsito en Bogotá ya no comenzarán a operar a comienzos del próximo año, pues el proceso posiblemente tendrá que realizarse desde el comienzo. 

La decisión se conoció hace contados minutos, tras la reunión que adelantó desde temprano el Comité de la Secretaría de Movilidad, que concluyó que las firmas Unión Temporal Tránsito Ciudadano de Bogotá y Unión Temporal de Servicios de Control de Tráfico, no cumplieron con los requisitos que los habilitaban para participar en el proceso. 

De acuerdo con el análisis del Comité, una de las firmas no presentó la propuesta económica exigida y la otra allegó una de las pólizas con una vigencia menor a la que pedía la licitación. 

El 12 de septiembre, en audiencia pública, el Comité se pronunciará de nuevo, pero todo parece indicar que el proceso será declarado desierto. 

La entidad ya había suspendido provisionalmente por una semana la licitación el pasado 22 de agosto. El plazo para pronunciarse vencía hoy.  

La Contraloría de Bogotá, por su parte, alertó ayer a la Secretaria Distrital de Movilidad sobre supuestas deficiencias en la estructuración financiera y errores de legalidad que afectaban el proceso licitatorio.

Mediante un control de advertencia, el contralor Miguel Ángel Moralesrussi le solicitó a Luis Bernardo Villegas que considerara la revocatoria del acto administrativo que le dio inicio al proceso licitatorio hasta tanto no se dieran las mejores condiciones legales, técnicas y financieras en cumplimiento de las normas y leyes que regulan la contratación administrativa.

Según el organismo de control, por ejemplo, en la estructuración financiera se presentaron cambios sustanciales entre el prepliego y el pliego de condiciones en lo relacionado con los ingresos mínimos operacionales, el cual corresponde a la sumatoria de los ingresos que deben presentar los proponentes en los tres últimos años fiscales anteriores a la licitación, al haberse definido estos inicialmente en 90 mil millones, luego aumentar a 150 mil millones para quedar finalmente en 50 mil millones de pesos.

"Esto refleja una disminución de requisitos en cuanto a experiencia en la prestación del objeto contractual que se pretende conceder en concesión", señaló Moralesrussi. 

REDACCIÓN BOGOTÁ