En marzo, el presidente Uribe pretendía acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar a Hugo Chávez. Seis meses después se muestra desencajado por el interés del Fiscal Moreno en Colombia. Tan preocupado está el Gobierno con la posibilidad de una investigación formal de la CPI que en la Casa de Nariño se aludió a una intervención del Consejo de Seguridad de la ONU que permita posponerla.

En efecto, el documento fundador de la CPI -el Estatuto de Roma- contempla el aplazamiento de la investigación en caso de una solicitud del Consejo de Seguridad por un periodo de doce meses, prorrogables por el mismo lapso.

Hasta ahora, la CPI ha iniciado investigaciones en torno a las situaciones de la República Democrática del Congo, Uganda, República Centroafricana y Sudán. La jurisdicción de la CPI es complementaria; ¿por qué actuaría en Colombia? ¿No hay aquí una rama judicial que, aun con dificultades, es todavía capaz de llevar a buen término la tarea? Así existan procesos judiciales, si no fueran sustanciados de manera "imparcial o independiente", la CPI podría inclinarse por iniciar una investigación. Más allá de eso, la verdad es que la aberrante dimensión de la crueldad descrita en las versiones libres garantiza que Colombia permanezca en el radar del tribunal internacional.

Pero eso no lo explica todo. Muchas otras razones contribuyen a centrar la atención de la CPI en el caso colombiano. Aquí, a diferencia de la mayoría de los casos, un considerable número de autores materiales e intelectuales de mediano y alto nivel de mando están en prisión, algunos en el país y otros en Estados Unidos.

La CPI padece de los mismos problemas que sufrieron los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda: el mundo no cuenta con una policía internacional que lleve a los acusados hasta el estrado de la justicia. Trece años fueron necesarios para que los serbios se decidieran a entregar al jefe político bosnio-serbio Karadzic. ¿Será que algún día se podrá hacer efectiva la orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir? Y hasta funcionarios de la ONU se encuentran con fugitivos de la CPI. Así lo relata en sus memorias Jan Egeland, el antiguo jefe de asuntos humanitarios de esa organización, quien viajó a Uganda para reunirse con el comandante rebelde Kony un año después de su acusación formal.

Además, el caso colombiano le permite a la CPI un enfoque regional. Con respecto a las Farc, el fiscal Moreno ha comenzado a indagar sobre los vínculos que esta guerrilla mantiene en los países vecinos. Al fin y al cabo, la colaboración con este grupo guerrillero y, en particular, su financiamiento podrían ser competencia de la CPI. ¿Recibirán las señales los líderes políticos de la región?

Y hasta Estados Unidos, que no ha ratificado el Estatuto de Roma, ha recibido mensajes de advertencia en cuanto a la extradición. Si los 14 jefes paramilitares en Estados Unidos prontamente negociaran su libertad, ¿no podría el fiscal Moreno argumentar que el Gobierno nacional los extraditó "con el propósito de sustraer(los) de su responsabilidad penal" y así dar inicio a la investigación formal que tanto parece temer el Presidente? De hecho, las extradiciones molestaron al fiscal Moreno porque, cuando tuvieron lugar, la CPI ya había expresado su interés en los procesos de los jefes paramilitares. ¿Las habrá considerado una provocación? El mismo presidente Uribe reconoció la posibilidad de penas irrisorias.

Si la CPI no abre investigación, funcionará como un mecanismo de presión para asegurar grados aceptables de justicia y reparación. Pero, en realidad, se está acabando el tiempo. Dicen en La Haya que quedan seis meses para ver los resultados de justicia y paz. La CPI llegó para quedarse.