La primera reunión que sostuvo a su llegada a Ibagué, fue con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, con quienes centraron los temas en la ampliación del convenio de apoyo jurídico a la población desplazada, suscrito entre las dos partes y que vence en un mes.

Así mismo, la desfocalización de Ibagué como centro de atención fue otro de los temas, lo que indica que el trabajo comenzará a centrarse, sin descuidar a la capital tolimense, en zonas como Chaparral, Planadas, Rioblanco y la zona norte, especialmente en el municipio del Líbano.

Una vez terminó esta reunión, funcionarios de la Alcaldía se reunieron con los delegados y centraron sus ejes temáticos en el apoyo al programa de comedores comunitarios para población desplazada y el proyecto de una escuela especial para niños víctimas del desplazamiento forzado.

Sobre el mediodía el Gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, recibió a la delegación de Acnur.

Con ellos se firmó un acta de entendimiento, que giró alrededor de la construcción de una política pública de atención integral a la población desplazada, en la que la administración departamental ha venido trabajando de manera articulada con Acción Social, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad) y que se refleja en la elaboración del Plan Integral Único (PIU).

En la reunión, que duró cerca de una hora, la gobernación manifestó, a través del secretario de Educación Francisco Parra Sandoval, la necesidad de ejecutar un proyecto educativo que integre a la población desplazada al sistema departamental.

La propuesta está avanzada y el apoyo se definirá en la próxima reunión, fijada para celebrarse la primera semana de septiembre.

La gobernación le expresó a la representación de Acnur, la posibilidad de acompañar la convocatoria al sector privado de la región, para que desde la responsabilidad social y empresarial definan un apoyo a los programas dirigidos a la población desplazada.