Hace 15 años, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional la columna vertebral del proyecto de Ley Antisecuestro, que emitió el Congreso en ese año. La norma que revisó el tribunal impedía a los familiares de un secuestrado negociar el rescate o pagar por la liberación, alegando circunstancias tan excepcionales como el riesgo por la vida del cautivo.

De igual manera, el tribunal no permitió que la facultad que recibía la Fiscalía para vigilar los bienes de las personas objeto de secuestro y de sus familiares.

En esa ocasión, la Corte determinó que estas medidas violaban los derechos a la vida, la dignidad humana e inclusive la intimidad de las personas.  Ese año, el alto tribunal declaró constitucional solo los artículos que permiten imponer sanciones a los funcionarios públicos que intervengan de cualquier manera en la mediación para la liberación de un secuestrado o que participen en algún plagio.