Luis Moreno Ocampo asiste a un un taller sobre justicia transnacional en Bogotá, justo en momentos de un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno, la Fiscalía y la Corte Suprema.

Aunque el investigador de la CPI fue claro en reconocer que en Colombia hay un aparato investigador y de justicia que está funcionando, aseguró ante invitados como el Fiscal General, Mario Iguarán, y el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, que "en el mundo moderno ningún gobierno nacional es capaz de controlar la violencia solo" y enfatizó que el caso colombiano ya tiene una dimensión internacional.

Igualmente hizo un especial llamado a aprovechar la información que están dando los autores de las masacres y los homicidios de la violencia paramilitar, "porque es una oportunidad única", para develar las estructuras políticas que apoyaron esos homicidios".

"Así se va a prevenir el funcionamiento futuro de esas organizaciones", dijo.

Moreno Ocampo inició una visita a Colombia, la segunda en menos de un año, para conocer los procesos abiertos contra paramilitares y políticos vinculados a esos escuadrones ilegales.

También para indagar si la extradición de catorce jefes paramilitares, en mayo pasado, tras la autorización del presidente Álvaro Uribe, es un obstáculo en los procesos de Justicia y Paz, marco legal de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En su primer acto de una apretada agenda de tres días en Colombia, Moreno Ocampo intervino hoy en Bogotá en el seminario "Reflexiones sobre las actuaciones judiciales en Colombia a la luz de los estándares internacionales".

"Tenemos un máximo número de crímenes y una cantidad masiva de criminales", señaló, al asegurar que en esos casos "hay que acentuar en los máximos responsables". "Es el criterio", agregó el jurista argentino.

Hay casos de matanzas en los que "se mezclan los grupos, y ese es el papel de la Fiscalía, establecer a los responsables" y llevarlos a juicio, indicó.

"El mundo no acepta más impunidad para estos crímenes y Colombia deber ser ejemplo", afirmó Moreno Ocampo, al referirse a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, por la que unos 31.000 paramilitares de las AUC se desmovilizaron entre 2003 y 2006.

Catorce de esos jefes fueron extraditados por el Gobierno de Uribe a Estados Unidos, por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y terrorismo, por considerar que desde la cárcel seguían cometiendo delitos.

Sobre esa extradición, Moreno Ocampo dijo que verificaría su situación, "caso por caso".

Asimismo, señaló que habría que ver una a una las acusaciones de la llamada "Farcpolítica", que investiga los presuntos vínculos de congresistas y otros dirigentes políticos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Según el fiscal jefe del alto Tribunal, que tiene sede en La Haya, "en el mundo moderno ningún Gobierno nacional es capaz de controlar la violencia solo", y señaló que el caso colombiano ha traspasado las fronteras.

Para Moreno Ocampo, en las audiencias de Justicia y Paz, hay que "aprovechar la información" que entregan los autores de matanzas y homicidios selectivos que sacudieron a Colombia en las dos últimas décadas, "porque es una oportunidad única", para revelar "las estructuras políticas que apoyaron esos homicidios".

Anteriormente, Moreno Ocampo fue informado por el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, que la Unidad de Justicia y Paz ha revisado "más de 200.000 expedientes sobre hechos" de violencia en los lugares en los que actuaron los desmovilizados.

Santos indicó que "los Gobiernos de Colombia y de E.U. han perfeccionado acuerdos para permitir la continuación de las diligencias de Justicia y Paz con plenas garantías para las víctimas".

El fiscal general colombiano, Mario Iguarán, señaló, por su parte, que la ley de Justicia y Paz "permitirá conocer la verdad", y que actualmente cursan un total de 3.431 investigaciones, no solo de paramilitares, sino que también están incluidos rebeldes de las Farc y de otros grupos guerrilleros.

Iguarán dijo, asimismo, que desde 2006 se han recibido un total de 11.500 denuncias y se han confesado 2.700 homicidios, desapariciones forzadas y reclutamientos, entre otros delitos.

Las unidades de la Fiscalía han abierto en el mismo lapso 1.300 fosas con unos 1.600 cadáveres, algunos de niños.

"Más de 3.500 familiares de víctimas han recibido la aceptación de responsabilidad de sus victimarios", afirmó Iguarán.

El fiscal jefe de la CPI tiene previsto entrevistarse con los presidentes de las altas cortes y otros funcionarios.

Mañana tiene previsto viajar, junto a Iguarán y el juez español Baltasar Garzón, este último como invitado especial, a la localidad de Apartadó, noroeste de Colombia, para asistir a una exhumación de víctimas del llamado "Bloque Bananero" de las AUC.

Con EFE