Los hombres, que están hospedados en un motel del sector de Venecia, pretenden que el Gobierno Nacional no permita que mineros ilegales se sigan llevando el oro y contaminando su río.

A Benedesmo y Valerio los asusta tener que regresar de la capital con el fracaso como único trofeo entre sus manos.

Mientras los 2.800 habitantes de Paimadó se levantan cada mañana, desde hace 13 días, con la esperanza de que sus emisarios retornen triunfantes, Benedesmo y Valerio son sometidos en Bogotá a un infructuoso vía crucis entre la precaria habitación de un motel en la 'zona del amor' del barrio Venecia (al sur de la capital) y varias oficinas públicas que no han dado respuestas a sus peticiones.

Los dos hombres de piel morena no solo han sufrido la indolencia de los burócratas cómodamente instalados en sus oficinas alfombradas que desoyen sus clamores, sino la rudeza de la ciudad que los agobia con su ruido infernal, el abuso de los taxistas, el frío sabanero y la comida que no les sabe a nada.

"Yo soy muy pobre, pero nunca me había tocado comer una sola vez en el día, y aquí en Bogotá me tocó vivir esa experiencia por primera vez en mi vida", dijo Benedesmo, deplorando el drama que ha sufrido con su compañero.

Algunas noches, al regresar a la habitación por la que pagan 36 mil pesos para dormir, Benedesmo y Valerio sienten que no es fácil cumplir la misión que les encomendaron los suyos: sacar de su pueblo las 27 dragas que extraen, sin control, el más precioso de los metales, sin dejarle un solo peso a su gente.

Pero cada mañana la jornada tiene que volver a comenzar. Antes de salir, ambos se encomiendan a Dios, como desayuno se toman un tinto y así ahorran para el taxi, que se ha convertido en su necesidad prioritaria para llegar a tiempo a sus citas.

Sienten que todo es lejos, que no es como en su pueblo donde "uno va a hacer una vuelta y la hace rapidito, va y viene a pie. Aquí todo toca en taxi que cobra muy caro".

Así, desde el pasado 13 de agosto, Benedesmo y Valerio han visitado más de diez oficinas en Bogotá, algunas de ellas en más de una oportunidad, para pedirles que saquen las dragas y les devuelvan su río, no solo para sacar el oro, sino para volver a beber de su cauce y pescar, como lo hicieron sus antepasados, sin el riesgo de envenenarse con el mercurio y el Acpm, que ahora son parte de ese paisaje.

Los forasteros han ido a instituciones como Ingeominas, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y hasta la propia Presidencia, a advertir que si no hay solución al problema de la minería ilegal, que ostentan personas ajenas a la comunidad, a los pobladores no les queda otra opción que dedicarse a los cultivos ilícitos, que por cierto estimulan los grupos ilegales.

En esta tarea, los dos hombres han chocado con la burocracia. Les ponen citas que no les cumplen, les devuelven documentos porque les falta un sello o una letra o simplemente les dicen que el culpable de todo es el alcalde de Paimadó.

Hasta este domingo y después de casi dos semanas de tortuosos trámites, los chocoanos no tenían nada resuelto. Y lo peor, es que aún no saben quién les dará la solución.

El tiempo apremia, pero más la escasez de recursos. De los dos millones de pesos que les dieron para los pagos de la lancha, los pasajes en avión entre Quibdó y Bogotá, el costo del hospedaje y la alimentación, ya no queda nada.

Apegados a su misión, ellos afirman que así les toque dormir bajo un puente o en las puertas de Ingeominas, no volverán a Paimadó sin llevar la noticia que todos esperan en el pueblo: la devolución del río que la naturaleza y sus antepasados les heredaron, como principal fuente de subsistencia.

Explotación de oro sin control

Según el alcalde Herlin Antonio Mosquera, en el municipio se encuentran 27 dragas explotando oro de manera ilegal. Mosquera sostiene que a la población solo le queda el río contaminado con mercurio y manchado con Acpm. Además, el dragado realizado desde hace 5 años erosionó la ribera, lo que ha provocado el desbordamiento del río que arrasa cultivos y viviendas, y pone en peligro a la población.

Hace más de dos meses la Alcaldía emitió un decreto, con copia a la Procuraduría y a la Fiscalía, en el que exige el desalojo de las dragas, pero ninguno de estos entes se ha pronunciado hasta el momento.

De acuerdo con el personero, Ricael Palacio, los dueños de las dragas no le generan empleo a la gente de Paimadó, además no compran nada en el pueblo, pero sí están generando graves problemas ambientales y de salud a los habitantes de la población.

ÁLVARO LESMES
ESPECIAL PARA EL TIEMPO