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Bienestar de las comunidades vulnerables, una tarea inaplazable

Un porcentaje importante de la población colombiana está afectado por la pobreza y la indigencia, manifestada en la no satisfacción de sus necesidades básicas de salud, vivienda, trabajo, seguridad social, educación y recreación. El pasado domingo, Alejandro Gaviria escribió en 'El Espectador' que  "probablemente la pobreza, tal como ocurrió con los homicidios y el desempleo, también aumentó recientemente".

Los índices de analfabetismo funcional en las comunidades vulnerables son altos y un amplio número de personas carece de la formación necesaria para mejorar sus condiciones de trabajo y participar en las decisiones que conducirían a un desarrollo más armónico en lo económico, social y cultural de Colombia.

La problemática de las comunidades vulnerables: personas afectadas por la pobreza extrema, víctimas de la violencia, desplazados y reinsertados, es compleja y abarca todas las variables que afectan la calidad de vida.

Las características particulares de cada comunidad vulnerable pueden ser consecuencia de diferentes factores, pero en todas se expresan los mismos síntomas de deterioro social, tales como el desempleo, las enfermedades, la desnutrición, los bajos niveles de educación, la descontextualización de sus competencias laborales, la falta de autonomía y la baja autoestima. El tejido social de estas comunidades se ha roto, no solamente por el desarraigo y la separación de sus raíces biológicas y culturales, sino  por el temor a regresar a sus hogares. En esta situación, los recursos más fáciles son la mendicidad, la delincuencia en las ciudades y la desocupación en las regiones rurales.

Estas comunidades se encuentran dispersas en muchas regiones del país,  sometidas a la adaptación a cualquier forma de vida que les garantice la supervivencia. La necesidad las conduce, generalmente, a priorizar la búsqueda de la superación de los factores de pobreza y/o de violencia, dejando de lado su desarrollo integral y su realización personal y familiar.

Esta situación puede revertirse mediante la acción coordinada del Estado y la sociedad civil, en pro del desarrollo de las capacidades de las personas y de las comunidades, de modo que se disminuya, con el tiempo, la dependencia de la ayuda de fuentes externas y el recurso a la ilegalidad para la generación de ingresos. 

La estructuración de una política de Estado para las poblaciones vulnerables deberá tener en cuenta principios tales como la equidad, la inclusión, el desarrollo integral, así como la participación de las comunidades, tanto en el ejercicio de los derechos, como en el de los deberes para la construcción, sostenimiento y mejoramiento de las  soluciones de sus problemas; la cohesión, permanencia e institucionalización de las soluciones; la delegación en los entes territoriales de la ejecución de la política; el control de los procesos de gestión y de la administración de los recursos, y, por supuesto, la construcción de la iniciativa, de la autoestima, de la autonomía y de un nuevo proyecto de vida para los sectores menos favorecidos de la población colombiana.

Se requiere diseñar estrategias para el desarrollo integral de las comunidades en ocho áreas articuladas que afectan su calidad de vida. El fracaso de muchos proyectos productivos obedece a que carecen de una metodología adecuada para lograr la reconstrucción del tejido socioproductivo, la integración espacial en función de los conceptos de arraigo y comunidad de intereses, y la reubicación espacial teniendo en cuenta factores comunes de interés socioproductivo y cultural.

Coincido con lo planteado por Rudolf Hommes el 14 de agosto en EL TIEMPO: "Repartir tierra de alta calidad entre campesinos pobres, desplazados y reinsertados representaría un aumento significativo en productividad y un paso grande en justicia social".

Asistí el 8 de abril del presente año, en Washington, al seminario sobre el futuro de los derechos humanos en Estados Unidos, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la prestigiosa Universidad de Georgetown y el Center for American Progress, el cual contó con ponencias y análisis de  Luis Moreno Ocampo, de la Corte Penal Internacional; de Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de Estados Unidos; de embajadores, directivos de ONG de derechos humanos y de la academia. Hoy en día, los derechos sociales y económicos de las comunidades vulnerables se incorporan al tema de los derechos humanos.

Sería ideal que el Gobierno diseñara, en consenso con los distintos partidos políticos, con el sector privado, con la academia, con la rama judicial y con las organizaciones de la sociedad civil, una política de Estado para el bienestar de las comunidades vulnerables que, sin duda, contribuiría a la paz y a la convivencia ciudadana, así como al desarrollo y la competitividad del país en el mundo globalizado.

mcespind@gmail.com

Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
20 de agosto de 2008
Autor
María Claudia Espíndola

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