La incertidumbre por el futuro político de Pakistán tiene especial eco en Washington, que tenía en el presidente Pervez Musharraf a su principal aliado en la lucha contra el terrorismo.

Desde su llegada al poder en 1999, pero especialmente tras los atentados terroristas del 2001, la Pakistán de Musharraf se había convertido en "punta de lanza" de los estadounidenses para la guerra contra los Talibanes en Afganistán y los miembros de Al
Qaeda que buscaron refugio en la frontera entre ambos países.

Musharraf, de hecho, fue uno de los primeros líderes musulmanes que entró en alianza con Washington tras el 9-11 y permitió el establecimiento de bases militares desde las que se lanzaron cientos de operativos.

Las propias fuerzas de seguridad paquistaníes, entonces bajo el control del presidente (que era también jefe del Ejército), arrestaron a casi 700 miembros de Al Qaeda durante ese lapso.

Pese a que había llegado al poder a través de un golpe militar, Occidente optó por premiar su cooperación y "mirar para otro lado".

E.U., de hecho, le entregó más de 10,000 millones de dólares en asistencia. La cercanía con Washington, no obstante, le terminó costando caro. El público paquistaní -en su gran mayoría musulmán- lo acusó de estar peleando una "guerra ajena" y contra los de su misma clase.

La caída de su popularidad, que se agudizó tras el asesinato de la ex primer ministro Benzhair Bhutto, condujo el ascenso de la oposición que ganó las elecciones parlamentarias a comienzos de año.

En realidad, la "luna de miel" entre E.U. y Musharraf se había tornado en hiel a lo largo de los últimos meses.

Los días contados

Por un lado, Washington era plenamente conciente que el líder paquistaní, tras los resultados electorales, tenía los días contados y estrechar la alianza solo enervaría a los seguidores de Bhutto y del ex primer ministro Nawaz Shariff, ahora en el poder.

"Era como apostarle al perdedor", dice Anita Weiss, profesora en ciencias políticas de la Universidad de Oregon y que acaba de escribir un libro sobre este país.

El "pobre desempeño" de Pakistán en la lucha contra el terrorismo comenzó a ofuscar a Washington, que los responsabilizó, en parte, por el resurgimiento de los talibanes y de
Al Qaeda gracias a la tolerancia frente a ellos en las zonas tribales del norte del país.

Washington, incluso, llegó a ventilar sus sospechas de que los militares estaban apoyando en secreto a los talibanes y hasta lo confrontó con evidencia por la supuesta participación de organismos de inteligencia de Islamabad en el atentado contra la embajada de la India en Kabul, hace un mes.

La semana pasada, cuando la oposición anunció el acuerdo para avanzar en un juicio de destitución contra Musharraf, E.U. le quitó el poco apoyo que aún le profesaba al describir el tema como un "asunto interno" que debía ser resuelto por los paquistaníes.
La puntillada final la dio la secretaria de Estado Condoleezza Rice al dejar claro que E.U. no le daría ni asilo político a su "gran aliado".

Aunque Washington jugó sus cartas con pragmatismo (tampoco tenía mayores opciones), tendrá dificultad en establecer una alianza fluida con el nuevo régimen.
Tanto el partido de Bhutto como de Shariff se inclinan por negociar con los grupos de extremistas islámicos a los que se atribuyen las oleadas de atentados suicidas que han sacudido el país en el último año y han prometido acabar con la presencia en el país de los estadounidenses.

Sharif en particular, no olvida que fue Musharraf -el gran amigo de E.U.- el que le dio el golpe militar en 1999 y lo mandó a la cárcel.

A parte del futuro de la cooperación contra el terrorismo -y las consecuencias que su ausencia tenga en la guerra de Afganistán, E.U. tiene una preocupación mayor: Pakistán es el único país de mayoría musulmana que pose armas nucleares. Y temen que la inestabilidad política -o la supuesta simpatía de algunos sectores hacia la agenda de los talibanes y otros militantes islámicos- conduzca a una pesadilla en el futuro.

De acuerdo con Daniel Markey, del Consejo para las Relaciones Internacionales, E.U. debe replantear su estrategia en el país ofreciendo a sus líderes un plan que involucre el desarrollo social en las zonas fronterizas al igual que el fortalecimiento de los aparatos de seguridad e inteligencia. Markey dice que el plan debe ser diseñado para al menos 10 años y a un costo que podría superar los 1.000 millones anuales.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON